El ultimátum que ha lanzado este fin de semana la Generalitat para poner punto y final a las negociaciones del Carmel ha vuelto a abrir el debate sobre las indemnizaciones que han de recibir los afectados. Del millar de personas que fueron desalojadas hace dos meses por vivir cerca de la zona siniestrada, 600 se han mostrado «receptivas», con puntualizaciones, a esta oferta. El resto, unas 400, la considera insuficiente.
El secretario general de la conselleria de Presidència, Ramon García Bragado, respondió ayer que los 10.000 1 por persona por los daños morales que ofrece el Govern es la última oferta. Si no es aceptada, las negociaciones «volverán al punto de partida».
El abogado de 370 de los más de mil afectados, Joan Antequera, dijo que sus clientes se han mostrado «receptivos» pero que hay «puntos mejorables». Algunos afectados no quieren volver a su casa hasta que no se acaben las reparaciones. Y solicitan poder acceder a una vivienda de protección oficial si sus casas no son seguras.
Uno de los afectados, Juan Antonio Sánchez, dijo que «la extrema gravedad no se corresponde con lo que ofrecen». La respuesta llegará esta semana, según las previsiones.
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