La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de las Islas Baleares acordó el pasado 23 de julio iniciar las negociaciones para resolver las discrepancias en relación con los artículos 7.2, 10 y 17 y las disposiciones adicionales 1ª, 3ª y 4ª y disposición transitoria 2ª de la Ley de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, que fue aprobada en el Parlament el pasado 29 de mayo.

Así lo publica el Boletín Oficial del Estado este jueves en el que se señala que también se ha acordado designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda. Asimismo, se comunicará este acuerdo al Tribunal Constitucional.

Cabe recordar que la citada normativa, que fue aprobada con los votos del PP, permite una nueva regulación de suelo urbano y urbanizable y permitirá que los ayuntamientos de las islas puedan llevar a cabo modificaciones urbanísticas, aunque no les quita la obligación de adaptarse a los planes territoriales.

Durante su tramitación como proyecto de ley, se transaccionaron dos enmiendas del PSIB y se aceptaron dos del PSM-IV-ExM sobre la forma de tramitar las infracciones urbanísticas.

Asimismo, se sancionará, a propuesta de la coalición econacionalista, a los edificios que no se sometan a las inspecciones técnicas que sean obligatorias según la normativa.

El PP defiende que con esta Ley, se consiguen clarificar los usos en suelo rústico siguiendo el espíritu de la Ley del Suelo Estatal y se crea un marco de regulación para que sean los Ayuntamientos los que determinen cómo proceder a la ordenación urbanística de su municipio.