El BNG ha presentado una iniciativa en el Parlamento gallego con el fin de promover que la Xunta y la Cámara autonómica presenten un recurso de inconstitucionalidad al real decreto en materia de comercio interior, que permite la liberalización de horarios comerciales, por "invasión de competencias".

Los nacionalistas gallegos, tal y como ha explicado este martes el diputado Henrique Viéitez, pretenden que sea la propia Cámara, como ocurrió con la Ley de Cajas estatal, que presente un recurso o, sino, que lo promulgue la propia Xunta. De hecho, el parlamentario del Bloque lamenta que la respuesta a esta "invasión de competencias" por parte del Gobierno gallego sea "la callada" y exige que se pronuncie en contra de esta regulación.

Viéitez ha explicado que, con la nueva legislación en materia de comercio interior, podrán abrirse hasta 16 domingos al año, y avisa de que de que el Gobierno central pretende sortear la invasión de competencias a través de la regulación de los mínimos, dejando a las comunidades establecer máximos en cuanto a los días que se permite abrir.

Además, el diputado del BNG ha indicado que el comercio gallego es fundamentalmente familiar, con lo que el aumento de horas mínimas que deben abrir estos establecimientos va en detrimento de la conciliación de la vida familiar y laboral.

Para el diputado del BNG, pretender aumentar el consumo con esta medida es igual que "si para combatir el desempleo, se abre más tiempo las oficinas del INEM". En este sentido, ha incidido en que estas medidas únicamente beneficiarán "a las grandes superficies comerciales" y ha constatado que "no responden a las necesidades" de los consumidores ni de los comerciantes.

"TROPELÍA"

En su explicación, los nacionalistas señalan que el real decreto en materia de comercio interior, que ha indicado que ya trató de poner en marcha el Gobierno socialista, "utiliza la excusa de los obstáculos administrativos para las aperturas de establecimientos comerciales" para, "invadiendo competencias" del Gobierno gallego, "eliminar las autorizaciones o licencias" en los establecimientos con una superficie no superior a los 300 metros cuadrados útiles.

Además, obliga a determinar una "zona de gran afluencia turística" en los ayuntamientos de más de 200.00 habitantes que registren más de un millón de pernoctaciones en el año inmediatamente anterior o que reciban en el año inmediato anterior a más de 400.000 pasajeros procedentes de cruceros. Esto, ha indicado Viétez, influye directamente a la ciudad de Vigo.

"La nula reacción del Gobierno gallego y del presidente pone en entredicho su capacidad para hacer frente a semejante tropelía", denuncia el BNG en su iniciativa, quien ha concluido que estas medidas "no son el camino por el que deben transitar".

Así las cosas, pide al Parlamento que se rechace "de forma categórica" la puesta en marcha de los dos reales decretos comerciales por ser "lesivos" para el conjunto de la población; así como la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, por parte de la Cámara y de la Xunta.