Los dos grandes partidos de la derecha y la izquierda mexicanas anunciaron este jueves sus primeras acciones legales conjuntas para que se aclare si el virtual vencedor de las elecciones presidenciales del 1 de julio pasado, Enrique Peña Nieto, y su partido incurrieron en lavado de dinero para comprar votos.

"Tenemos la certeza de que existen aquí evidencias fuertes, contundentes, de manejo ilegal de recursos durante esta campaña" señaló el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero.

El conservador PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que Andrés Manuel López Obrador es candidato, anunciaron la apertura de dos vías, una en el ámbito electoral y otra en el de la justicia ordinaria, para pedir que se investigue el presunto lavado de dinero en beneficio del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La clave de la petición es que las investigaciones sean expeditas y rindan frutos antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determine si la elección es válida y declare formalmente presidente electo a Peña Nieto.

El PRD ha pedido que los comicios sean declarados inválidos, pero el PAN no llega tan lejos y este jueves reiteró su presidente, Gustavo Madero, que el partido acatará "sin regateos el fallo del TEPJF, máximo órgano jurisdiccional en materia de comicios de México.

La extraordinaria rueda de prensa conjunta que ofrecieron juntos Madero y el presidente del PRD, Jesús Zambrano, estuvo cargada de cordialidad pero dejó patentes las distintas estrategias que mantienen los partidos.

Hasta ahora PRD y PAN han ido por sus propio camino, el primero tratado de apuntalar elementos conducentes a la invalidez electoral, alegando que se violó el artículo 41 de la Constitución, que indica que los comicios deben ser "equitativos, libres y auténticos", y el segundo, con recursos ante el IFE y siempre respetuoso de la institucionalidad vigente.

El terreno común encontrado es el que apunta a que pudo haber recursos de procedencia ilícita en la campaña de Peña Nieto, y busca que se impliquen directamente en el caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) además de la Unidad de Fiscalización del IFE.

Madero precisó que hablar de lavado de dinero no implica hacerlo de crimen organizado.

Detalló que los recursos podrían ser fondos públicos mal utilizados, procedentes de una evasión de impuestos, dinero que se saca de una empresa o el recibido de los Gobiernos de algunos de los 32 estados en que está dividido México, la mayoría de ellos en manos del PRI.

El presidente del PRD, Jesús Zambrano, añadió que la reunión con la fiscal "no es una acción de protocolo" sino parte de ir a "presentar una denuncia de hechos" en la que ya trabajan "los equipos jurídicos de ambos partidos".

Al salir al paso de estas denuncias, dirigentes del PRI, aseguraron que se usaron tarjetas de prepago contratadas con la empresa Alkino para cubrir gastos de representantes del partido en la jornada de votación (y no para comprar votos, como se les acusa).

Esos "gastos ordinarios" fueron cubiertos por el PRI, no por la campaña de Peña Nieto, por lo que quedan fuera de los límites oficiales para los gastos de campaña, según la explicación del partido.

El presidente de ese grupo político, Pedro Joaquín Coldwell, anunció que pedirán a la fiscalía general "que investigue las falsas imputaciones del PAN y del PRD sobre el presunto uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña" de Peña Nieto.