Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Rede Acolle, SOS Sanidade Pública en Galicia y el Foro Galego de Inmigración (FGI) advierten de la "discriminación" sanitaria que sufrirán en Galicia unos 20.000 inmigrantes a causa de las medidas del Real Decreto 16/2012, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre.

Así lo ha explicado el representante del Foro Galego de Inmigración (FGI), Miguel Fernández, quien ha concretado que dentro de la cifra de afectados en la Comunidad gallega se encuentran entre 10.000 y 12.000 inmigrantes "en situación irregular", mientras que el resto son foráneos "comunitarios sin recursos".

Las ONG han entregado este martes un total de 59.146 firmas a las Presidencias de las Comunidades Autónomas españolas en un "llamamiento a los derechos de las personas inmigrantes", pues las reformas suponen, según ha criticado Fernández, "una discriminación de las más graves que se produjeron en los últimos años".

De este modo, la no renovación de las tarjetas sanitarias a este colectivo supone una "complicación", tanto a nivel económico "porque no tienen recursos", como a nivel técnico, pues "determinados tratamientos no se pueden conseguir" sin este documento, ha indicado. De hecho, ha denunciado que el problema puede desembocar en "un riesgo grave para la salud de estas personas".

En cuanto a la situación en Galicia, la portavoz de movilizaciones de Médicos del Mundo Galicia, Alicia Ares, ha destacado que los inmigrantes "son las personas que menos utilizan el sistema de salud" en la comunidad y que "el problema del turismo sanitario es inexistente" en la misma.

Sin embargo, las reformas afectarán "no solo a las personas inmigrantes, sino a toda la sociedad en general", ha explicado Ares, pues el paso de "titulares de derechos a beneficiarios o asegurados" lleva implícito "toda una filosofía de recortes de derechos", ha indicado.

Consideraciones exteriores

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Cescr) de la Organización de las Naciones Unidos (ONU) recomendó a España, el pasado mes de mayo, que no limitase el acceso al sistema sanitario a las personas "que residen en el Estado".

Así lo han recordado las ONG participantes en la iniciativa durante la entrega de signaturas en la capital gallega. El organismo europeo sugirió, además, la "revisión" de las reformas introducidas para garantizar que "no disminuyan el nivel de protección de los derechos alcanzados".