Un total de ocho comunidades tendrá que presentar esta semana medidas que constaten su capacidad para cumplir con el objetivo de déficit de este año (1,5%) si quieren evitar que el Ministerio de Hacienda eleve las advertencias al Consejo de Ministros del próximo viernes y se inicie así el procedimiento incluido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que puede acabar en intervención.

El Gobierno emitió una advertencia informal a estas regiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la semana pasada y les concedió siete días para que refuercen sus medidas y las presenten en reuniones bilaterales con el Departamento de Hacienda.

Si en ese plazo no consiguen llegar a un acuerdo, las advertencias se formalizarán en el Consejo de Ministros del próximo viernes y se empezará a aplicar la Ley para evitar las desviaciones en el déficit.

Si se aprueban las advertencias, el Gobierno tendrá que convocar de nuevo este mismo mes el CPFF para presentárselas a las comunidades autónomas, que dispondrán, según la Ley, de un mes para adoptar las medidas necesarias y comunicárselas a Hacienda.

Y si cumplido este plazo las comunidades no han presentado medidas adicionales o el Departamento dirigido por Cristóbal Montoro las considera insuficientes, el Gobierno podrá empezar a imponer las sanciones previstas en la Ley.

Así, las comunidades sancionadas deberán constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% de su PIB. Dicho depósito será cancelado cuando se pongan en marcha las medidas que Hacienda considera necesarias.

Si transcurridos tres meses los ajustes no se han aplicado, el depósito no devengará intereses y a los seis meses se convertirá en multa. Una vez que hayan pasado un total de nueve meses y no se hayan puesto en marcha las medidas, el Gobierno podrá intervenir la comunidad autónoma.

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Como sería la intervención?

La intervención consistirá en el envío bajo la dirección del Ministerio de Hacienda de una delegación de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada.

La delegación enviada podrá solicitar información o antecedentes de las partidas de gastos e ingresos y la comunidad autónoma en cuestión estará obligada facilitar cualquier dato. La delegación deberá presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana.

No se podrá autorizar ninguna operación de crédito, ni la comunidad tendrá acceso a los mecanismos de financiación previstos en la Ley de Estabilidad hasta que las medidas exigidas hayan sido implementadas.