Las defensas de los acusados en el caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), continúan esta semana exponiendo sus informes finales del juicio, entre ellas el letrado del exalcalde marbellí Julián Muñoz; el de la abogada Montserrat Corulla, presunta testaferro del principal procesado Juan Antonio Roca; o el del exsecretario municipal Leopoldo Barrantes.

Así, según las previsiones de la Sala, este lunes día 16 de julio explicarán sus argumentos de defensa los abogados de los exediles Belén Carmona y Pedro Pérez; del abogado Juan Hoffman y de Gonzalo Astorqui y Julio Blasco, supuestamente relacionados con esa presunta trama de corrupción en la que, para las acusaciones, Roca era el responsable. También intervendrá el letrado del acusado Sergio Gilbert.

Para el martes 17 de julio, inicialmente está previsto que exponga el informe definitivo la defensa del exalcalde de Marbella Julián Muñoz, para el que el fiscal solicita 10 años de cárcel, al acusarlo de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, en relación con dos convenios; y cohecho pasivo, por supuestamente haber recibido dinero del principal acusado.

Ese mismo día se prevén las defensas del empresario Andrés Liétor, del tasador José Mora y del acusado Miguel Pérez. Para el miércoles, están previstos los argumentos finales de los acusados Montserrat Corulla, acusada de blanqueo de capitales; del secretario Leopoldo Barrantes, del exedil José Jaén y del funcionario Francisco Ramírez —estos tres informes se han pospuesto de la pasada semana— y del acusado Celso Dema.

La mayoría de las defensas que han presentado sus informes finales han pedido una sentencia absolutoria para sus clientes y han vuelto a alegar nulidades en el procedimiento por la, a su juicio, deficiente instrucción realizada. La vista oral comenzó en septiembre de 2010 con las cuestiones previas planteadas por las partes y las previsiones son que el juicio quede visto para sentencia a finales de este mes de julio.

La Fiscalía Anticorrupción mantuvo la acusación para 86 de los 95 acusados iniciales y ha seguido sosteniendo que Roca logró "amasar en los últimos años un patrimonio muy importante", coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Ayuntamiento. La defensa de éste mantiene que ya tenía un patrimonio previo importante y que era un empresario de éxito.

No obstante, la acusación pública considera que para encubrir la titularidad de sus bienes "ilícitamente obtenidos", Roca constituyó "una verdadera organización" que, "bajo su dirección, gestionaba y administraba su patrimonio". Para la defensa del principal acusado nunca hubo ocultamiento y no existe una organización ni testaferros, sino fiduciarios y administradores "reales" de las empresas.

El ministerio público señala que Roca utilizó para ocultar los fondos "la interposición de un complejo entramado de sociedades instrumentales", que servían para legitimar los bienes "mediante su transformación con otros activos" y el trasvase de fondos entre las entidades, además de para "adquirir o negociar con bienes de propiedad municipal, valiéndose de la especial posición de poder que ostentaba".

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