El Gobierno ha fijado que la retribución máxima de los alcaldes sea la de un ministro, 68.981 euros, con la obligación además de que el coste de los salarios de los ediles no supere el 0,6% del presupuesto municipal.

Serán los Presupuestos Generales del Estado de cada año los que fijen las retribuciones de alcaldes y concejales, según las características de cada localidad, pero el Gobierno ha acordado este viernes ese tope salarial, lo que supone un fuerte recorte para las alcaldías de ciudades como Madrid o Barcelona.

Además de recortar salarios, se reducirá un 31% el número de concejales a través de la reforma de la Ley Electoral, cambiando el tope de concejales que se puede elegir por tramos de población, aunque no se han dado más detalles

El Ejecutivo busca que se elijan en las próximas elecciones municipales 21.338 ediles menos, hasta los 47.240. Además, los ayuntamientos no podrán tener más de 35 concejales, cuando por ejemplo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid se sientan 57 y en el de Barcelona, 41.

Asimismo, se limita el número de asesores de las entidades locales, de forma que el personal eventual no podrá superar el número de concejales.

Según los cálculos del Gobierno, la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local puede suponer un ahorro de 3.500 millones. La fórmula es eliminar 3.725 entidades locales menores al ayuntamiento, como las pedanías y las parroquias, y potenciar el papel de las diputaciones.

Por otro lado, la modificación no prevé la supresión de ningún municipio, con lo que se respeta la representación de la voluntad popular en los Ayuntamientos, sin embargo, fomenta la agrupación de servicios para "lograr importantes ahorros de costes mediante economías de escala" y se potencia el papel de las diputaciones, cabildos, consejos insulares o comarcas.

Asumirán la gestión de servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes que no los presten con eficiencia y podrían ahorrar unos 2.248,2 millones.

La supresión además de las mancomunidades que tampoco sean consideradas eficientes, sumará otro ahorro de 700 millones. Según el Ejecutivo, el 71,3% de estas entidades "no cumple con sus obligaciones de presentar cuentas anuales".