El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha justificado este jueves que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que propone el Gobierno otorgue un mayor papel a las diputaciones, cabildos y consejos insulares, dándoles más competencias para prestar servicios en municipios de menos de 20.000 habitantes porque supondrá un ahorro de 3.500 millones de euros a través de la creación de "grandes centrales de compra" de esos servicios.

"Lógicamente, a través de la asunción por parte de las diputaciones provinciales de las gestiones que hasta ahora están llevando a cabo los ayuntamientos, a través de grandes centrales de compra, es lo que provoca ese ahorro de 3.500 millones de euros", ha explicado Beteta en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

Según el secretario de Estado, la "enorme dispersión" de muchos pequeños ayuntamientos provoca que el "costo unitario de la prestación de servicios locales sea altísimo", por lo que ha asegurado que a través del nuevo sistema "se va a conseguir abaratar sensiblemente el coste que para un ciudadano tiene la prestación de esos servicios sociales".

Beteta se ha pronunciado así después de que el PSOE haya rechazado los planteamientos de la reforma de la administración porque, a su juicio, conlleva un "aumento de poder" de las diputaciones, ya que establece que asuman las competencias de servicios públicos de los municipios de menos de 20.000 habitantes que no superen unos "estándares de calidad" sobre financiación.

Dos tipos de competencias

El secretario de Estado ha explicado que lo que pretende la nueva Ley de Bases es "redefinir las competencias de las corporaciones locales, estableciendo dos tipos", que son las "obligatorias" y las "potestativas".

Las primeras son aquellas "debidamente financiadas con los impuestos locales" y si una corporación local se encuentra "en situación de equilibrio presupuestario" podrá prestar las segundas, que dependen de cada Estatuto de autonomía, por lo que son las comunidades las que deben acordar este punto con los ayuntamientos.

Pero Beteta ha dejado claro que este acuerdo debe alcanzarse siempre y cuando esté "garantizada al cien por cien" la financiación de dichos servicios por parte de los ayuntamientos y "no cabe que una administración autonómica imponga gastos que no sean de competencia de la administración local".