La diputada provincial de Empleo y Desarrollo, María Merinda Sádaba (PP), declara este jueves ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, a las 10,30 horas, como imputada por un posible delito de prevaricación y desobediencia, después de que fuera denunciada, junto con el interventor de la Diputación, por varios empresarios que le acusan de negarles el pago de unas facturas de los trabajos que realizaron en el marco del 'proyecto Magrec' en Marruecos.

Según los denunciantes, la diputada les dejó fuera del plan de pago a proveedores "al margen de cualquier procedimiento legal" y en contra de las normas administrativas, un asunto que ya motivó las críticas del PSOE por una toma decisiones que supusieron la suspensión del pago de facturas a empresarios "que estaban reclamando el cobro del trabajo realizado, auditado y facturado".

Para el diputado socialista Miguel Ángel Gamarra, la decisión de la diputada del PP fue "una decisión unilateral, que no atiende a ningún informe ni criterio técnico, sino simplemente a la de no abonar esas facturas y no incluirlas en un procedimiento al que se han acogido todas las corporaciones locales de España", en relación al decreto de pago a proveedores.

Por ello, desde el PSOE se ha considerado que Sádaba no es apta ni está legitimada para seguir ocupando el cargo.