El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha afirmado que las medidas anunciadas este miércoles por el Gobierno central y que afectarán a las instituciones de las islas son "duras" pero matizó que la alternativa "podría ser peor" ante la "delicada" situación económica del país.

De todos modos, señaló que se deberá esperar a que se concreten estas medidas en forma de normas de obligado cumplimiento para ver "en qué sentido afectan a unas u otras administraciones".

En ese sentido, Bravo de Laguna recalcó que "no se sabe aún" cómo afectarán a las instituciones isleñas y si afectarán a los cabildos el recorte de un 30 por ciento del número de concejales de las diversas corporaciones locales, así como la eliminación de una paga extra y reducción de personal a las que se someterán a todos los funcionarios de las administraciones públicas.

Y es que, en lo que se refiere a los cabildos y la afección de las medidas, puntualizó que son "administraciones locales pero a su vez de las comunidades autónomas", según ha informado a los medios durante el acto del centenario de la Ley de Cabildos celebrado este miércoles.

Por otro lado, ha asegurado que los altos cargos políticos, que también se verán afectados por estos recortes se "someterán" al criterio general de lo que se disponga desde el Gobierno de España, al igual que el resto del funcionariado pese a que, resaltó, él "siempre" ha tenido la idea de conservar el poder adquisitivo del personal laboral del Cabildo.

Sin embargo, ha concretado que cada institución cuenta con sus propias singularidades, por lo que no cree que sea "justo" que se tengan que aplicar las mismas medidas de austeridad en todos los casos, ya que mientras el Cabildo de Gran Canaria cuenta con 3.000 personas a su cargo, el de Tenerife tiene 5.000.

Añadió que en el Cabildo de Gran Canaria tiene un capítulo de gastos de personal "bastante moderado", sin superar el 25 por ciento del presupuesto.

Bravo de Laguna se mostró contrario ante la cesión de facultades a favor de las diputaciones provinciales propuesta por el Gobierno central, afirmando que en algunas comunidades de España hay más municipios "por lo que la necesidad de refundir administraciones no es la misma según la parte del país de la que se esté hablando".

Como ejemplo a este hecho señaló que, frente a los 88 municipios que contabilizan las Islas Canarias en su totalidad, Burgos tiene 300, contando con menos habitantes que Gran Canaria. También aclaró que otras comunidades autónomas de la península pueden llegar a tener municipios con menos de 50 habitantes, cosa que no ocurre en Canarias.