(AV)La pena máxima de prisión para incendiarios se elevará a 6 años y se les exigirá responsabilidad patrimonial

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado este martes en Santiago de Compostela que el Consejo de Ministros aprobará este mes, para que inicie su tramitación parlamentaria en septiembre, el anteproyecto para la reforma del Código Penal con la que prevé endurecer las penas a los culpables de delitos de incendios forestales y exigirles responsabilidad patrimonial por el daño causados.
El presidente de la Xunta y el ministro de Justicia, en Santiago
El presidente de la Xunta y el ministro de Justicia, en Santiago
EUROPA PRESS
El presidente de la Xunta y el ministro de Justicia, en Santiago

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado este martes en Santiago de Compostela que el Consejo de Ministros aprobará este mes, para que inicie su tramitación parlamentaria en septiembre, el anteproyecto para la reforma del Código Penal con la que prevé endurecer las penas a los culpables de delitos de incendios forestales y exigirles responsabilidad patrimonial por el daño causados.

Tras reunirse con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, el titular de Justicia ha explicado que la propuesta en la que trabaja el Gobierno contempla que la pena máxima que pueda imponerse en los delitos forestales de especial gravedad podrá alcanzar los seis años de prisión frente a los cinco que contempla actualmente, lo que conllevará, además, un endurecimiento de la situación privativa de libertad mientras que el instructor tramite el procedimiento judicial.

Asimismo, se incluyen tres nuevas circunstancias agravantes: que el fuego afecte a zonas próximas a núcleos de población, que dañe espacios de especial protección medioambiental y, como "novedad importante", en palabras del propio ministro, que se provoque en un momento en el que las condiciones climatológicas o del terreno aumenten "de forma relevante" su riesgo de propagación.

Núñez Feijóo se ha mostrado muy satisfecho por el contenido de la modificación legislativa, que responde a las peticiones formuladas desde Galicia y que podría aplicarse, según los cálculos de Gallardón, que ha llamado al "consenso" y a las aportaciones de los grupos parlamentarios para "mejorar" el texto, podría empezar a aplicarse "en torno a febrero o marzo" del año próximo.

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