Las diferentes entidades sociales que han sido consultadas por 20 minutos coinciden en su análisis: más que una medida reguladora de las ordenanzas de civismo de los ayuntamientos, la prohibición de vestir velo integral (burka y niqab) en edificios públicos respondía a "intereses electoralistas". De hecho, no se ha multado a nadie. "Los comicios municipales estaban a la vuelta de la esquina cuando se impulsó esta medida", argumenta Alba Cuevas, portavoz de SOS Racisme en Cataluña.

En la misma línea se ha manifestado Jamal, coordinador de actividades del Consell Islàmic Cultural de Cataluña: "La repercusión de esta medida ha sido mínima. Tras las elecciones municipales se silenció. Ha sido una norma oportunista", explica. Tampoco tiene constancia de que nadie se haya quejado o de que alguna mujer haya sido multada por vestir velo integral en dependencias municipales.

Hasta el momento, ninguno de los consistorios consultados en los que se aprobó la medida y ya es efectiva la prohibición del burka y el niqab en edificios públicos ha puesto ninguna sanción. En algunos de estos consistorios la normativa ha entrado en vigor recientemente.

"En Lleida no se ha puesto ninguna denuncia por intentar acceder a un equipamiento o local municipal con el rostro cubierto", han puntualizado a 20 minutos fuentes de La Paeria. El caso leridano es el que ha estado más envuelto en polémica. Y es que una asociación islámica, Watani, presentó un recurso contra la norma. Pero el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña avaló la prohibición de entrar con la cara tapada. El Supremo admitió el recurso de la entidad. El fiscal lo dirimió.

En Barcelona u Hospitalet, entre otras, tampoco se han impuesto multas. Y en ambos casos le restan importancia: "Lo que está prohibido es acceder a edificios públicos con la cara tapada, ya sea con velo, un casco o un pasamontañas, por motivos de seguridad", aseguran.

Tampoco ha habido sanciones al respecto en El Vendrell, si bien fuentes consistoriales han precisado que esta norma, incluida en el plan de convivencia y civismo de la localidad, está vigente desde diciembre de 2011. En Manresa pasa algo similar: la normativa se encuentra aún en fase de alegaciones.