La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Avilés, Ana Concejo, ha expresado este sábado su preocupación por el avance del contenido, por parte del Gobierno central, de la futura Ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales.

Concejo ha comentado que el Partido Popular está planeando a nivel nacional una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que "no cumple ninguna de las expectativas que los ayuntamientos han reclamado a lo largo de los últimos años".

La responsable de Hacienda local ha defendido la necesidad de una reforma de la Ley del gobierno local que abordase en profundidad la reforma de los gobiernos locales y la financiación de los mismos. Por el contrario, ha opinado que "la reforma que se plantea gira en torno a dos objetivos, la estabilidad presupuestaria y la limitación de competencias, pero no cumple con los objetivos económicos que tienen los ayuntamientos".

"Si hay que hacer una reforma, tiene que venir acompañada de una reforma de la Ley de Haciendas Locales porque sólo mediante la modificación del sistema de financiación de las entidades locales se podrá hacer frente de verdad a las necesidades que tenemos los gobiernos locales españoles, tanto en la participación de los ingresos del Estado como los de las comunidades autónomas", ha subrayado.

Papel mojado

Junto a ello, la socialista ha señalado que el hecho de que esta reforma no contemple una reforma de la Ley de Haciendas Locales probablemente tenga como resultado que se quede en "papel mojado".

Concejo ha apuntado que otra cuestión muy delicada de esta reforma es que "tiene muchos puntos que se involucran y entran en distorsión con la autonomía local de los municipios". Así, añade que la propuesta que se formula por parte del gobierno central "no establece posibles actuaciones de las entidades locales para garantizar de modo efectivo la autonomía local frente a las posibles pretensiones de tutela que se pretende ejercer por parte de otras administraciones".

"Hay que insistir en que deben ser los municipios los titulares de las competencias que por Ley se establezcan, salvo en aquellos casos en los que éstos carezcan de capacidad suficiente para poder ejercer alguna de ellas o que puedan ser prestadas más eficientemente en un ámbito territorial superior al municipal, supuestos en los que podrán ser prestadas por otros. Lo que no parece razonable es que a priori se establezca una tutela por parte de otras administraciones en esta ley a los ayuntamientos, que somos la administración más cercana al ciudadano", suscribe.

Casi en último término, ha expresado su preocupación por la nueva disposición transitoria de la ley que dice que en el plazo de un mes someterá a evaluación el conjunto de los servicios públicos municipales y los servicios mínimos que prestan las mancomunidades.

A este respecto, ha dudado de los motivos por los que el Gobierno plantea suprimir las mancomunidades sin valorar antes cuáles son aquellas las que están funcionando y prestando servicios de forma eficaz y que son eficientes y austeras en el gasto, y cuáles no. Para concluir, reprocha que se refuerce la figura de la Diputación, que en Asturias no existe, "pese a que a lo largo de todo el debate que se lleva produciendo en estos meses lo que se planteaba no era su refuerzo, sino su posible supresión".