El Gobierno de Cantabria ha presentado un recurso contra la petición que las asociaciones integrantes de la plataforma DEBA (Defensa de la Bahía, opuesta al emplazamiento del Centro Botín en el muelle de Albareda) de paralizar cautelarmente el acuerdo que permitió levantar este equipamiento cultural, cuyas obras ya han comenzado.

El Consejo de Gobierno aprobó un decreto en el que se dio luz verde a la modificación puntual del Sistema General Portuaria que permitió el cambio de usos en el muelle de Albareda, incluyendo el uso cultural como el del Centro Botín, promovido por la Fundación Marcelino Botín.

DEBA ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra ese acuerdo, y, poco después, pidió su suspensión cautelar (en un proceso judicial, una medida cautelar es algo que se pide mientras se resuelve sobre el fondo).

El Gobierno de Cantabria ha reaccionado recurriendo la presentación de esa medida cautelar, al considerarla "extemporánea", es decir, en un momento procesal en el que no correspondía hacerlo.

La semana que viene la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC resolverá sobre este extremo, según informaron a Europa Press fuentes judiciales. La respuesta que se emita podrá recurrirse, a su vez.

Eso en cuanto a las formas. En lo que respecta al fondo del proceso, el acuerdo que permite la construcción del edificio diseñado por el arquitecto genovés Renzo Piano, a partir del martes se abrirá un plazo de diez días para que las partes presenten alegaciones contra la petición de las asociaciones integrantes de DEBA.

En principio, es algo que sólo le correspondía al Gobierno de Cantabria, que es contra quien se ha presentado el recurso, para lo que disponía de un plazo de cinco días que luego se amplió a diez.

Pero, como en todos los procesos contenciosos judiciales, se abrió también una fase en la que la parte demandada la ponga en conocimiento de otros posibles entes que pudieran ser objeto de la demanda, en condición de codemandados.

Como resultado de esas consultas, se han personado en la causa otras instituciones: el Puerto de Santander, la Fundación Marcelino Botín y el Ayuntamiento de Santander.

Al estar personados, disponen ahora de un plazo de diez días que se abre el martes para presentar sus alegaciones al respecto, con lo que se estima que todo el proceso pueda darse por culminado a mediados de julio, aproximadamente.

Comisión de peticiones

De forma paralela al recurso judicial, representantes de este colectivo formado por varias asociaciones ecologistas y ciudadanas que ha llevado el proyecto a los tribunales han remitido un escrito a la Comisión de Peticiones del Parlamento de Cantabria.

La Comisión de Peticiones del Parlamento es el órgano ante el cual los ciudadanos pueden plantear sus iniciativas, quejas y reclamaciones directamente, derecho reconocido en la Constitución española.

En este caso, en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda a los parlamentarios cántabros que su "deber" es "velar" por el bien público, y señalan que las "decisiones políticas" y los trámites legados realizados para la ubicación del Centro Botón en el frente marítimo "podrían no ajustarse a la legalidad".

Su petición incide en que en el caso de que los tribunales constatasen el "daño" tanto a las arcas públicas como a la "inmensa belleza" de la Bahía de Santander, la situación sería ya "incorregible".

Los miembros de DEBA defienden que "se deben preservar los recursos paisajísticos, medioambientales y económicos" de la sociedad cántabra "por encima" de los de una fundación privada.

Desde el Parlamento, la Comisión de Peticiones abordó el asunto, acordando su traslado a los grupos parlamentos y las administraciones implicadas, para que el órgano competente conteste en un plazo de tres meses, además de recabar de estas instituciones (Gobierno, Puerto y Ayuntamiento) el traslado del contenido de la resolución, y después, comunicar a los solicitantes el acuerdo que se adopte.

De la Plataforma DEBA forman parte ARCA, Cantabria Nuestra, Ecologistas en Acción, Movimiento en Defensa de la Identidad de la Bahía, Tajamar, Estado de Malestar Cantabria y Democracia Real Ya (DRY) Santander.

La petición se acompaña por el denominado 'Informe DEBA', un documento en el que enumeran los motivos de su rechazo a la ubicación del Centro, entre los que se encuentra la ocupación de espacios que "impedirán" su uso libre y público, además de "ocultar" paisajes, afectar "visualmente" a bienes declarados de interés cultural, e "impidiendo" la prolongación del espacio marítimo.

También critican aspecto del propio edificio diseñado por el arquitecto genovés Renzo Piano, como la planta baja, y algunos efectos que tendría, como el del viento, que, aseguran, se multiplicaría por cinco veces al pasar bajo el edificio, creando riesgos, en especial los días de viento sur.

Ese informe extiende su preocupación a otros proyectos en la zona marítima, como los ligados al Mundial de Vela, o los planteados para Varadero, y los rellenos en las dársenas de Maliaño y Raos.