SOS Racismo ha denunciado que el decreto que regula las prestaciones sanitarias en Euskadi, publicado este viernes, "deja sin sanidad" a quienes no puedan acreditar un año de empadronamiento continuado e introduce "requisitos nuevos y poco claros". Por ello, ha acusado al Gobierno vasco no defender "con valentía" ni los derechos humanos ni sus competencias.

En un comunicado, la organización se ha pronunciado de esta manera en relación al 'Decreto sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Servicio Nacional de Salud en el ámbito de la comunidad autónoma vasca' aprobado por el Gobierno vasco este pasado martes y publicado en el Boletín Oficial de Euskadi este viernes.

SOS Racismo ha manifestado su preocupación por la introducción en este decreto como nuevo requisito para el acceso a las prestaciones sanitarias públicas la exigencia de acreditar el empadronamiento en municipios vascos por un periodo continuado de, al menos, un año inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de reconocimiento.

"Suponemos que éste es el plazo que ha considerado el Departamento de Sanidad como razonable para considerar que una persona precedente de otro estado u otra comunidad autónoma fija su residencia en Euskadi y, por tanto, es beneficiario de la prestación sanitaria. Pero, según la ley de Extranjería, el límite temporal para considerar el paso de estancia a residencia es de tres meses", ha añadido.

De esta manera, ha destacado que el Decreto vasco "fija unos requisitos más gravosos que los establecidos en la Ley de Extranjería", a lo que se añade "la dificultad" de la población inmigrante para poder acceder al empadronamiento.

En este sentido, ha recordado que la estancia en Euskadi puede acreditarse por "otros medios" y ha apuntado que la exigencia de empadronamiento continuado "en la práctica" supone que "muchas personas extrajeras tendrán que esperar bastante más que un año para poder acceder a la sanidad pública".

Por ello, ha opinado que "la contundencia" de las declaraciones de los responsables del Gobierno vasco, en las que aseguraban que "todas las personas que vienen a vivir y a trabajar a Euskadi deben tener cubierto el acceso a la sanidad", contrasta con "la ambigüedad" del este Decreto que "fija requisitos nuevos que limitan este acceso".

"perjudicial para el conjunto de la sociedad"

"El derecho a la asistencia sanitaria es un derecho de todas las personas, al margen de su situación administrativa. Esta premisa fundamental para la cohesión social de Euskadi debe defenderse desde las instituciones con valentía y decisión. Cualquier titubeo o duda en esta defensa será perjudicial para la sociedad en su conjunto", ha advertido.

En su opinión, el Ejecutivo autonómico "no ha estado a la altura de sus propias declaraciones" y no ha defendido "con valentía" ni los derechos humanos ni sus competencias.