La Diputación General de Aragón (DGA) va a reducir en alrededor de 40 los liberados sindicales, sobre los 239 que ahora tiene. Con esta medida, el Ejecutivo ajustará el número de horas sindicales al año a la normativa legal, lo que permitirá un ahorro de dos millones de euros anuales, al volver a sus puestos los antes dispensados.

Así, la Mesa General de Negociación de la Administración de Aragón en su reunión de este viernes ha tratado, entre otros asuntos, la aplicación de la regulación legal mínima sobre derechos y garantías sindicales y la adaptación del caso aragonés a los Estatutos Básico del Empleado Público (EBEP) que, en cualquier caso, dependerá en su resultado final de la negociación sectorial que se llevará a cabo a partir de ahora.

El director general de la Función Pública del Gobierno de Aragón, Ignacio Murillo, ha sostenido que se trata de una medida "plenamente proporcionada y adecuada". Por ello, se ha mostrado convencido de que va a ser entendida "por la sociedad y por los funcionarios".

Asimismo, ha asegurado que queda un número de representantes y horas notablemente amplio para dedicar a la acción sindical y, de esta forma, garantizarla.

La Mesa, en la que participan representantes del Gobierno de Aragón (Administración General, Justicia, Sanidad y Educación) y de los sindicatos UGT, Comisiones Obreras (CC.OO.), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) y la agrupación sindical de médicos y enfermeras, CEMSATSE, ha debatido también otras medidas que en materia de función pública se van a poner en marcha a corto y medio plazo.

Entre ellas, la nueva Ley de Función Pública, compromiso del Gobierno de Aragón para la presente legislatura que busca elaborar una ley aragonesa que desarrolle la competencia autonómica completando la normativa básica contenida en el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado en 2007.

Esto se debe a que, según el director general de la Función Pública, cinco años después de su aprobación en las Cortes Generales, tiene un buen número de preceptos, como los relativos a la carrera profesional, derechos retributivos y provisión de puestos, "que no producen efectos en tanto en cuanto no haya leyes de función pública que los desarrollen".

La Dirección General de Función Pública del Gobierno de Aragón ha trabajado durante los últimos meses en un documento que afrontará un amplio proceso de participación, con diversas instituciones de la Comunidad, la Universidad de Zaragoza y colegios profesionales, para ser objeto de negociación con las centrales sindicales antes de que comience la elaboración del anteproyecto.

Plan de pensiones

La Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón ha analizado otros aspectos como la no aportación del Gobierno de Aragón al Plan de Pensiones de la Diputación General de Aragón, Administraciones Locales y otras Entidades e Instituciones de la Comunidad durante el ejercicio 2012.

Esta no aportación la aprobará próximamente el Consejo de Gobierno y deriva de la necesidad de cumplir con el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Supone dejar de gastar en el caso del Gobierno de Aragón siete millones de euros en 2012.