La amarga realidad de los desahucios ha llevado a gobiernos autonómicos y ayuntamientos a intervenir. No pueden ser medidas que solucionen de raíz el problema, pero echan una mano a muchas familias. Así, hay CC AA y consistorios que están mediando con los bancos para evitar desahucios.

En Andalucía, la Junta ha dado orden de paralizar los desahucios en las viviendas públicas en aquellos casos en los que sean habitadas por familias con dependientes y en los que soporten un sobreendeudamiento.

La medida se dirige a las familias que no puedan pagar el alquiler "por causas justificadas", entre ellas que existan personas dependientes -menores, discapacitados y ancianos- dentro de la unidad familiar.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha anunciado que no se ejecutarán los desahucios contra quienes se encuentran "en una situación desesperada y no puedan hacer frente por causas justificadas a la renta de alquiler establecida".

La Junta de Andalucía ofrecerá cuantas alternativas sean posibles a las personas objeto de los expedientes de desahucio con el fin de evitar que familias que atraviesan dificultades "sean desposeídas de su vivienda".

Andalucía es la comunidad autónoma que encabeza el ranking de desahucios en viviendas libres, con 68.053 ejecuciones hipotecarias entre 2007 y 2011, de acuerdo con los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial.

Cortes asegura que serán "muy exigentes" a la hora de velar por que las viviendas del parque público "cumplan con el destino de habitación para las que fueron creadas y no se queden, por tanto, vacías".

La Junta gestiona en la actualidad, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), más de 46.000 viviendas públicas en régimen de alquiler, con una población residente de unas 250.000 personas.

La consejera ha anunciado cambios legislativos para "poner en valor" las viviendas desocupadas.