El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado este jueves por unanimidad, con los votos a favor del gobierno del PP y de la oposición (PSOE, IU y UCOR) solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que le amplíe, "de 60 A 120 mensualidades (de cinco a diez años)" el plazo para devolverle los casi 46 millones de euros que le adeuda a cuenta de la participación en los ingresos del Estado (PIE).

La presidenta de la Diputación, María Luisa Ceballos (PP), ha explicado al inicio del Pleno, celebrado en sesión extraordinaria, que lo que se demanda a Hacienda es la ampliación del "periodo de reintegro de los saldos deudores resultantes en las liquidaciones definitivas" de la PIE de los años 2008 y 2009, lo cual conlleva, según ha destacado, "acordar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en su caso, un plan de ajuste que garantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria".

A este respecto, el vicepresidente primero y delegado de Hacienda de la Diputación, Salvador Fuentes (PP), ha señalado que el aplazamiento en la devolución al Estado de parte de lo que éste le entregó a la Diputación a cuenta de su participación en los tributos del Estado del periodo 2008-2009, implica que sobre la institución provincial penda "la espada de Damocles", en cuanto a que, "en un momento dado, si no cumplimos las normas de respeto al déficit y la estabilidad presupuestaria, entraríamos en una dinámica de ajuste que nadie quiere", pero sobre la que, si fuera preciso, el gobierno del PP contará "con el consenso de todos" los grupos de la Diputación, dado que las medidas a aplicar en ese caso serían "singulares e importantes".

Fuentes ha dado respuesta así al planteamiento que, en dicho sentido y con anterioridad, había hecho el portavoz del PSOE en la Diputación, Salvador Blanco, quien ha dicho esperar que, "en el supuesto de que hubiese que hacer un plan de ajuste" en la institución provincial, a los socialistas les "gustaría participar" en su diseño y que no sea redactado "unilateralmente" por el gobierno del PP, ya que dicho plan significaría la puesta en marcha de "medidas de relevancia y duras".