El administrador único de 'Eurogestión e Inversión Málaga S.L', Antonio N.A, y su padre, Antonio N.M, apoderado general de dicha mercantil, compartirán banquillo mañana en la Audiencia de Valladolid como coacusados de un delito de estafa cometido en 2004 sobre un cliente a quien vendieron un piso en un pueblo de Granada, sin informarle de que sobre el mismo pesaban distintas cargas y que otras personas habían adquirido derechos sobre el inmueble.

El Ministerio Fiscal, en su escrito de calificación provisional de los hechos, solicita para padre e hijo penas de dos años de prisión y, en concepto de responsabilidad civil, la obligación de indemnizar de forma conjunta y solidaria a la víctima, Feliciano de la F.G, en la cantidad de 156.000 euros, más los intereses devengados, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Durante la vista se analizarán hechos ocurridos a partir del día 30 de diciembre de 2004, fecha en la que ambos imputados firmaron un documento privado por el cual vendieron a Feliciano de la F.G. un ático con garaje y trastero en la localidad granadina de La Rábita, cuya titularidad correspondía a 'Eurogestión e Inversión Málaga S.L'.

En virtud del contracto, el comprador desembolsó un total de 156.000 euros en tres pagos, a razón de 52.000 euros por cada uno, realizados los días 30 de diciembre de 2004, 30 de abril de 2005 y 1 de febrero de 2006, si bien se estipulaba en el citado contrato que la vivienda y sus anejos se hallaban y transmitían libres de cargas, gravámenes y arrendamientos.

Sin embargo, el comprador, al acudir al Registro de la Propiedad para el otorgamiento de la escritura pública, descubrió que sobre el inmueble pesaban cargas, tanto anteriores como posteriores a la firma del contrato, puesto que los acusados habían constituido hipotecas a favor del Banco Popular que resultaron impagadas, dando lugar a la ejecución de la garantía y constando asimismo diversas anotaciones de embargos ejecutivos sobre la vivienda, el garaje y el trastero a favor de terceros acreedores.

Ante ello, el comprador, pese a haber pagado la totalidad del precio estipulado, no ha podido obtener la escritura pública ni adquirir el pleno y libre dominio de los bienes adquiridos.