La secretaria xeral de Política Social de la Xunta, Coro Piñeiro, ha admitido la "supresión" de distintos programas o servicios, pero ha enmarcado estas decisiones en la necesidad de "priorizar" debido a la actual situación económica. En este sentido, ha rechazado "rectificar" su modo de gestionar su departamento, como le pedía el PSdeG.

La alto cargo de la Xunta ha acudido este miércoles al Parlamento para dar respuesta a una pregunta en comisión de la diputada socialista Beatriz Sestayo, quien ha advertido de que el mandato de Alberto Núñez Feijóo está suponiendo "una agresión difícilmente reparable" al Estado del Bienestar y, por ello, ha pedido "invertir" las políticas.

Como prueba, se ha referido a la "desaparición" del servicio de ayuda en el hogar, de los centros de atención a enfermos de VIH y de los programas de inserción social existentes en las siete ciudades y el Consorcio das Mariñas, entre otras cuestiones. "En Galicia, las políticas sociales están agonizando", ha enfatizado.

Enfrente, Piñeiro ha puesto en valor que la Xunta dedica "tres de cada cuatro euros" del presupuesto a políticas sociales, lo que ha posibilitado la creación de 2.700 plazas para mayores (residencias, centros de día o centros de alzheimer), de otras 500 para discapacidad y de más de 2.400 para niños menores de tres años.

Así, ha concluido que aquellos programas o servicios suprimidos dentro de esa necesidad de "priorizar" son aquellos que, según sus propias palabras, la Xunta entiende que "no son tan imprescindibles". Por ello, ha dejado claro que el Gobierno gallego "no va a rectificar nada", puesto que su gestión va por "el camino correcto".

"ritmo lento" en dependencia

Centrándose en las críticas de la diputada, la responsable de Política Social ha admitido que "el ritmo" de valoración de la dependencia es lento" y que existen muchas personas en lista de espera. No obstante, ha recalcado que ahora hay "el doble" de atendidos y que, al menos, "se paga lo que se promete".

Sobre los equipos de inclusión, también ha reconocido que "se prescindió" de ellos. "Pero su crédito fue a parar directamente a las personas", ha indicado, haciendo hincapié en que "se recortan profesionales para atender directamente a las personas".

De hecho, Coro Piñeiro ha destacado un "incremento" en el presupuesto de la Risga y de las ayudas para entidades que trabajan en el ámbito de la inclusión.

Finalmente, en cuanto a la privatización de servicios denunciada por Sestayo, la secretaria xeral ha recordado que "está escrito en las leyes y permitido" optar por una fórmula de gestión privada para los servicios públicos.

"mayor liquidez"

También Coro Piñeiro ha tenido que dar respuesta a una pregunta del diputado del BNG Manuel Parga, quien ha censurado que el decreto para regular los servicios sociales comunitarios "traslada la responsabilidad a los ayuntamientos" y "deja abandonados a los usuarios" mientras "la Xunta se desentiende".

De hecho, ha enmarcado este texto normativo en "la intensa y terrorífica campaña de recortes" puesta en marcha por el Ejecutivo que lidera Alberto Núñez Feijóo.

Por el contrario, la secretaria xeral de Política Social ha explicado que el decreto únicamente "define cuáles son las competencias de cada administración" para "articular fórmulas de colaboración" entre ellas.

Y, tras recordar que los servicios sociales comunitarios "son competencia de los ayuntamientos", ha señalado que la nueva norma les permitirá "agilizar" el cobro del Plan Concertado "evitando que adelanten cantidades económicas importantes en este contexto de reducción presupuestaria". "Garantiza una mayor liquidez", ha asegurado.

Subida del complemento autonómico

Por otra parte, en la misma comisión parlamentaria se ha debatido sobre la importancia de incrementar el complemento autonómico de las pensiones no contributivas, para que ese pago anual pase de 206 a 300 euros.

Esta propuesta del BNG, que ha contado con el respaldo del PSdeG, no ha obtenido el visto bueno del grupo mayoritario, toda vez que su portavoz en la materia, Marta Rodríguez Arias, ha advertido de que supondría un desembolso a mayores de 4,5 millones de euros.

"El Grupo Popular no está en disposición de saber si la Xunta puede comprometer eso", ha alegado la diputada del PP.

Tampoco ha sido posible un acuerdo para demandar al Gobierno gallego la ampliación del Hospital da Costa, en Burela (Lugo), como pedía el socialista Ismael Rego, con el apoyo del Bloque.

Si bien el representante del PP en el debate, Xosé Manuel Balseiro, ha entendido que esta obra es "urgente", ha asegurado que ya es un proyecto "prioritario" para el actual Ejecutivo autonómico, al tiempo que ha censurado la "demagogia" de socialistas y nacionalistas.