El PSE-EE de Gipuzkoa ha dado cuenta de la dimisión de sus dos vocales en el Consejo de Administración del Consorcio de Residuos guipuzcoano GHK, en un ejercicio de "responsabilidad", porque no pueden tomar parte del "despropósito" que supone rescindir los contratos de construcción de la planta incineradora de Zubieta, una decisión que conlleva un "riesgo de impacto crítico" desde el punto de vista económico para el territorio.

En este sentido, han denunciado que el Consorcio va a tener que afrontar "pérdidas acumuladas" por un importe de 1,6 millones por el crédito solicitado al Banco Europeo de Inversiones para acometer este proyecto, a lo que se suma los 2,3 millones por la redacción del proyecto y las indemnizaciones que puedan solicitar las empresas adjudicatarias por la rescisión del contrato de "un 8 por ciento del mismo, unos 22 millones", así como por el "prejuicio" que supondrá tener que renunciar a la explotación durante 20 años de esta infraestructura.

En una rueda de prensa en San Sebastián, la secretaria de Política municipal del PSE guipuzcoano, Susana Corcuera, acompañada del secretario socialista guipuzcoano de Medio Ambiente, Denis Itxaso y el presidente de la Mancomunidad de Debabarrena, Arcadio Benítez, los dos vocales del Consejo del GHK que han presentado su dimisión, ha indicado que la moción que PSE, PNV y PP registrarán oficialmente este jueves en las Juntas guipuzcoanas contra el diputado foral de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin, es "un paso" pero "todavía hay mucho recorrido".

En este sentido, ha reiterado el ofrecimiento de los socialistas al PP y PNV para conformar "nuevas mayorías" en el territorio histórico, porque, a su juicio esa es "la solución".

Corcuera ha indicado que Itxaso y Benítez harán oficial su dimisión, "por principios", en la reunión del Consejo de administración del GHK de este jueves y en la asamblea del Consorcio del viernes porque están convencidos de que este organismo finalmente va a rescindir los contratos de ingeniería y obra, suspendidos por seis meses hasta el próximo 15 de julio, con la UTE adjudicataria del proyecto de construcción de la planta de Zubieta, por un importe de más de 229 millones.

A su juicio, esta decisión supondrá "un importante quebranto económico" para Gipuzkoa, además de conllevar "responsabilidades" políticas jurídicas y civiles y un "desprestigio" del territorio ante diferentes instancias, entre ellas el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que concedió un crédito para acometer este proyecto.

Corcuera ha advertido del "riesgo cierto" del Consorcio de llegar a concurso de acreedores si las empresas que conforman la UTE solicitan ser indemnizadas por la rescisión de los contratos. Asimismo, ha alertado de las "pérdidas acumuladas" por no aplicar el crédito solicitado al BEI, una situación que en la actual coyuntura económica puede volverse "insostenible".

Itxaso ha destacado que las empresas adjudicatarias del proyecto, de no llegar a un acuerdo con GHK pueden solicitar indemnizaciones de hasta un 8 por ciento del importe total del contrato, unos 22 millones, más las que puedan reclamar "por daños y perjuicios" por tener que renunciar a la explotación de esta infraestructura por 20 años, a lo que se suman otros 2,3 sin abonar por la redacción del proyecto, lo que conlleva un "enorme" riesgo de "impacto crítico" desde el punto de vista económico.

El dirigente socialista ha censurado que el Consorcio se ha convertido en "un buque a la deriva lleno de pérdidas" por el "abandono caprichoso" que el Gobierno foral ha hecho de este proyecto, una situación "inasumible".

Además, ha anunciado que seguirán "fiscalizando al menos desde fuera" la gestión del Consorcio, y pedirán que se informe sobre los aspectos normativos de este proyecto porque "puede haber también problemas de carácter jurídico".

Itxaso ha lamentado que si el PNV hubiera "hecho caso desde el principio" a los socialistas, en lugar de preferir "dejar pudrirse las cosas por cálculos electorales", la situación ahora sería otra.

MOCIÓN

En este sentido, ha opinado que la moción de censura a Alduntzin es "una exigencia de responsabilidad pero no soluciona las cosas", porque para ello se requiere un cambio de Gobierno foral.

Por otro lado, ha indicado que los socialistas han alcanzado un acuerdo con los jeltzales para cambiar la representación en la Mancomunidad en San Marcos, comenzando por el Ayuntamiento de Lasarte y continuando por el de San Sebastián.

Itxaso ha apuntado que este cambio será efectivo cuando "se visualice" la modificación de la representación del Consistorio de Lasarte en la Mancomunidad, algo que depende de los jeltzales que gobiernan con Bildu en ese municipio.