La exconsellera insular de Medio Ambiente y exportavoz de UM Catalina Julve, quien este lunes ha declarado de forma voluntaria ante la jueza instructora del caso Voltor, ha asegurado que "nunca jamás" ha ordenado, consentido ni tolerado que en ningún organismo público se contratase a nadie de forma ficticia para que en realidad llevasen a cabo labores de partido. "Si yo iba a trabajar es obvio que el resto de personas también fuesen a su trabajo", ha espetado la exalto cargo del Consell de Mallorca.

De hecho, durante su comparecencia como imputada en el marco de la pieza que investiga la contratación, a través del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma), de militantes de UM que en realidad se habrían dedicado a labores de partido, Julve ha incidido en que siempre estuvo "absolutamente tranquila de que se había operado conforme a la legalidad en mi departamento". "Ésta no es mi forma de trabajar", ha recalcado en relación a estas prácticas presuntamente ilícitas.

La encausada, asistida por el letrado Gabriel Garcías, ha negado en este contexto que en 2007 se pusiera en contacto con su secretaria Coloma Castañer para ayudarle a seleccionar trabajadores presuntamente 'fantasma' incorporados al proyecto Eiel, bajo el cual, junto a las iniciativas Infomallorca y Mallorca Digital, exaltos cargos insulares favorecieron presuntamente la contratación irregular de estos agentes electorales 'uemitas'. Tampoco, ha proseguido, se puso de acuerdo con técnicos o funcionarios para este fin.

La jueza ya interrogó a varios de estos empleados 'fantasma' a petición del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán después de que el exgerente del Cilma, Eugenio Losada, aportase a la magistrada un listado y varios correos electrónicos en los que figuraba el nombre de estos trabajadores presuntamente colocados a instancias de los ex altos cargos de UM.

En esta línea, Julve ha insistido en que no tuvo nada que ver con la propuesta de estas personas, a quienes no conocía "ni personal ni físicamente", aseverando que a lo largo de la instrucción de esta causa se ha comprobado "cómo absolutamente ningún trabajador ni cargo público me ha involucrado en la contratación irregular" de estos empleados. Según ha recordado, su departamento transfirió dinero para el proyecto Eiel a fin de llevar a cabo encuestas, unas cantidades que se destinaban a contratar a trabajadores para su ejecución.

"Y las encuestas se realizaron", ha afirmado la exdirigente de UM, quien ha apuntado que el resultado de las mismas, de hecho, revirtieron en el Servicio de Cooperación. En este sentido, ha apuntado que su secretaria preparaba los presupuestos a transferir y a partir de ahí el Cilma "es quien contrata a las personas que tienen que hacer esas encuestas".

Desconocía los emails de su secretaria sobre las contrataciones

Finalmente, al ser preguntada por los correos electrónicos que, sobre estos hechos, se remitieron el exgerente de este organismo, Castañer y Eugenia Cañellas, exsecretaria técnica del vicepresidente insular Miquel Nadal, la imputada ha asegurado que desconocía "por completo" la existencia de estos emails. "Castañer no me informó de que mantenía estas comunicaciones para la selección de trabajadores, y de haberlo sabido se lo hubiera prohibido", ha remachado.

Tal y como ha recalcado, "nunca" le hubiera pedido a su secretaria que el dinero de su departamento se transfiriera "a unos fines ilícitos". "La señora Castañer actuó sin que supiera que estaba realizando esto, en el caso de ser cierto. Llevaba ocho meses en el cargo y me ocultó que estuviera manteniendo correos electrónicos con el señor Losada o con la señora Cañellas", ha sentenciado.

Según las pesquisas y la documentación entregada por Losada -también imputado-, un total de 34 empleados fueron contratados para trabajar en las tres iniciativas cuyo coste, con cargo a las arcas del Cilma, oscilaba entre los 110.000 y los 190.000 euros anuales.

Precisamente, la exsecretaria técnica de Nadal, Eugenia Cañellas, también fue interrogada por estos hechos y afirmó que se encargó de gestionar la contratación de diversas personas afines a UM en el Cilma a instancias tanto de la secretaria personal de Nadal, Antònia Vidal, como también del exalcalde de Pollença, Joan Cerdà.

Eugenia Cañellas ya había prestado declaración como imputada dentro de otra causa de presunta corrupción, el caso Maquillaje, donde reveló que no sólo Cilma sino también la empresa de informática Minser y la productora Vídeo U pagaron, con dinero público procedente del Consell, a unos 40 asesores y agentes electorales de UM durante la campaña previa a los comicios de 2007, pese a que estos empleados no llegaron nunca a trabajar para estos puestos públicos.

Por el contrario, tanto Nadal como su secretaria personal y la de Buils se acogieron a su derecho de no declarar ante la jueza del caso Voltor cuando iban a ser interrogados por estos hechos en calidad de imputados. Otras causas, como Picnic y Ossifar, también centran sus investigaciones en la contratación de personas afines a UM a través de distintos departamentos municipales a pesar de que realmente se dedicaban a captar votos para el partido nacionalista.