El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Ponferrada (León) ha decidido hoy rechazar el sobreseimiento del caso del celador de la Reserva de Caza de Ancares, Alberto G, acusado de quemar más de 300 hectáreas de monte y por lo tanto da continuidad al proceso judicial por presunto delito forestal.

El juez abrió hoy la ronda de declaraciones y en el acto estuvo presente en calidad de oyente el propio imputado.

A partir de ahora se practicarán nuevas pruebas, que pasan por la comparecencia de más testigos y también la petición del registro de las conversaciones telefónicas que el celador de caza de la Junta mantuvo el día que se produjo el incendio en los montes del municipio de Villafranca del Bierzo (León).

El abogado Simón López Quero, que representa a Ecologistas en Acción como acusación particular, solicitó que se concrete si a la hora que se produjo el incendio Alberto García estaba trabajando, dado que de ser así, pedirán que se persone la Junta como responsable civil subsidiaria.

"Son pruebas que no se han terminado todavía, pero nosotros vamos a pedir seguramente responsabilidades subsidiarias a la Junta", manifestó López Quero a los periodistas.

La Junta de castilla y León, por su parte, ha reclamado 230.000 euros de indemnización por los gastos ocasionados por las labores de extinción del incendio forestal, que afectó también a fincas particulares.

Precisamente, por el hecho de haberse quemado propiedades privadas, el juez ha citado a medio centenar de propietarios como parte afectada, pero hoy sólo uno de ellos aceptó solicitar compensaciones económicas.

Entre los numerosos vecinos de los pueblos afectados, muchos declararon en los pasillos de los juzgados no entender porqué les habían citado a prestar declaración, dado que ellos no habían presentado reclamación alguna.