El Sindicato de Transportistas Autónomos de Euskal Herria, Hiru, ha presentado un plan urgente para "rescatar" al sector vasco del transporte de mercancías por carretera, en el que reclama a los gobiernos vasco y navarro que regulen en base a sus competencias el carácter obligatorio del plazo máximo de pago a 30 días en el sector del transporte de mercancías por carretera del territorio, y establecer un régimen sancionador de carácter administrativo para cargadores y transportistas en caso de incumplimiento.

Asimismo, exige no extender el copago de las infraestructuras a costa de los transportistas. En caso de que se establezcan peajes, ecotasas, viñetas o similares, Hiru considera que las diputaciones forales y los gobiernos autonómicos, en base a sus competencias, deben regular paralelamente un Decreto de Repercursión similar al aprobado el pasado 4 de mayo en el Estado francés, y que prevé que las empresas de transporte puedan repercutir íntegramente la tasa sobre los precios facturados a sus clientes.

El sindicato cree "fundamental" que tanto el Gobierno vasco como el de Navarra "expriman" sus competencias y regulen de manera efectiva el transporte de mercancías por carretera en ambas comunidades autónomas y que marquen las condiciones en las que debe realizarse este servicio a todos los niveles.

Entre otras medidas, Hiru propone que el Gobierno vasco y el Ejecutivo navarro regulen en base a sus competencias el establecimiento de una cláusula de obligado cumplimiento por parte de cargadores y transportistas que actúen en territorio de ambas comunidades para actualizar el precio del transporte en función de la variación del precio del gasoil.

Céntimo sanitario

Asimismo, en atención a la legislación comunitaria que establece la ilegalidad del Impuesto sobre Venta de Determinados Hidrocarburos o céntimo sanitario, considera que el Gobierno de Navarra debe derogar "inmediatamente" el tramo autonómico sobre el combustible y no imponer nuevos recargos sobre el combustible mientras se mantenga el "oligopolio".

Otra de las iniciativas planteadas por el sindicato de transportistas es un Plan de actuación coordinada de todas las administraciones competentes en contra de las falsas cooperativas de transporte domiciliadas o que actúan en Euskadi y Navarra.

Para ello, insta a aumentar la coordinación y el intercambio de datos entre los departamentos de Transportes y Hacienda en las tres diputaciones forales y en el Gobierno de Navarra, con el objetivo de eliminar definitivamente las falsas cooperativas que actúan de forma ilegal en el mercado del transporte.

En esta misma línea, aboga por la intervención de las Inspecciones de Trabajo de la CAV y Navarra para hacer frente al fraude laboral y social que estas falsas cooperativas están ejecutando.

Por último, pide aumentar las ayudas al abandono de la actividad para los transportistas autónomos de más de 58 años y para aquellos con enfermedades profesionales, y fijar la edad de jubilación para los transportistas a los 60 años, así como establecer ayudas económicas y formativas específicas para aquellos transportistas que se hayan visto obligados a abandonar el sector por motivo de la crisis.

"quiebra técnica"

Hiru ha definido como "quiebra técnica" la situación que vive el sector del transporte de mercancías por carretera con un descenso progresivo del volumen de mercancías transportadas, tendencia que se ha acelerado en los tres primeros meses de este año. Así, en la Comunidad Autónoma Vasca el volumen de mercancías se redujo en un 23,61 por ciento y en Navarra en un 30,57 por ciento.

Por contra, los costes que los transportistas tienen que soportar se han incrementando de forma muy importante en los últimos cinco años. La variable que más se ha incrementado ha sido el precio del gasoil, que desde 2000 hasta la fecha ha subido en la CAV y Navarra un 139 por ciento, y desde 2007 un 40 por ciento.

Según los datos que ha facilitado, han desaparecido ya el 15 por ciento de las empresas del sector del transporte vascas y navarras, en total 1.662.

Además, Hiru ha denunciado que las empresas para las que trabajan "pretenden abaratar sus costes a costa de reducir el precio del transporte hasta convertirlo en irrisorio. Se niegan a aceptar que la factura del transporte incluya las variaciones del precio del gasoil y se niegan a pagar a 30 días".