La CIG denuncia que la Xunta quiere privatizar las brigadas de helicóptero del dispositivo contra incendios

La CIG ha denunciado este lunes la intención de la Xunta de "privatizar" las brigadas helitransportadas del Servicio de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais (SPDCIF) y ha concretado que tiene conocimiento de que la Consellería do Medio Rural e do Mar "prepara un contrato para que una UTE --unión temporal de empresas-- formada por Natutecnia e Inaer se haga cargo del servicio".

La CIG ha denunciado este lunes la intención de la Xunta de "privatizar" las brigadas helitransportadas del Servicio de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais (SPDCIF) y ha concretado que tiene conocimiento de que la Consellería do Medio Rural e do Mar "prepara un contrato para que una UTE —unión temporal de empresas— formada por Natutecnia e Inaer se haga cargo del servicio".

En una nota de prensa, el sindicato reclama una entrevista con la responsable de este departamento del Gobierno gallego, Rosa Quintana, para que explique "por qué se está preparando un contrato para contratar helicópteros y personal de incendios mientras la Xunta dispone de personal propio altamente cualificado".

El contrato, prosigue la organización, "abarcaría no solo el alquiler de los medios técnicos", que en este caso son los helicópteros, "que aportaría Inaer", sino también "la dotación de personal que prestaría el servicio y que aportaría Natutecnia". "Tenemos también constancia de que la duración del contrato sería de tres años, frente a los cuatro demandados por estas empresas", agrega.

La CIG ha rechazado esta posibilidad y ha considerado que sería "una negligencia prescindir de un personal cualificado" como el que presta sus servicios en estas brigadas, puesto que son "una pieza clave del dispositivo antiincendios, lo cual va a suponer un peligro evidente para el verano que se aproxima".

"Es escandalosa la entrega de dinero a empresas privadas para que hagan lo que se venía haciendo en un servicio público", critica el sindicato, que afirma que este gasto supone "un sobrecoste para una ciudadanía exhausta ya de apretarse el cinto en favor de rescates bancarios y contratos a dedo".

Además, dice no entender que "de un contrato que aún no se publicó ya se conozcan los adjudicatarios, violando así el principio de igualdad". La organización insiste en que este contrato sería "escandaloso" y la conducta "delictuosa".

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