La Abogacía de Santiago respalda al poder judicial en su rechazo a las nuevas tasas judiciales

El Colegio de Abogados de Santiago respalda la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de rechazar las nuevas tasas propuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, e insiste en que es un sistema "absolutamente desproporcionado".
Evaristo Nogueira,
Evaristo Nogueira,
COLEGIO DE ABOGADOS

El Colegio de Abogados de Santiago respalda la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de rechazar las nuevas tasas propuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, e insiste en que es un sistema "absolutamente desproporcionado".

La comisión de estudios del CGPJ aprobó este jueves un informe de la vocal Margarita Robles, en el que se asegura que con el sistema de tasas judiciales que pretende el Gobierno habrá "una justicia para ricos".

Con esta opinión ha coincidido el decano del Colegio de Abogados de Santiago, Evaristo Nogueira, quien recuerda además que "limita" los derechos de los ciudadanos y pone en riesgo "la tutela judicial efectiva".

La previsión del Ministerio de Justicia es la de recaudar 300 millones de euros con las nuevas tasas para sufragar el coste de la justicia gratuita y reducir el número de pleitos, pero —apunta el CGPJ— "no se han calculado en función del nivel de renta, por lo que ni siquiera hay un planteamiento equitativo y distributivo".

"El gasto en Justicia Gratuita es una inversión en paz social y su regulación puede ser mejorada, nos hemos ofrecido al diálogo constantemente. Apenas representa un 6,5 por ciento del gasto en Justicia y debería ser financiado por los presupuestos, como está legalmente establecido, y no por tasas a los ciudadanos", ha considerado el decano de los letrados compostelanos y adjunto a la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

"Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales en defensa de sus legítimos derechos, tal y como reconoce nuestra Constitución", remarcan los letrados compostelanos, que piden una rectificación al ministro en este ámbito.

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