La secretaria xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarnación Rivas, ha sostenido este jueves que la Xunta "no aplica en Barreiros un criterio divergente" respecto al que emplea en otros municipios de Galicia en materia urbanística, mientras que el portavoz del PSdeG en este asunto, Ismael Rego, ha acusado al Gobierno gallego de "estar financiando un gran pelotazo" con el plan de dotación de servicios para el municipio lucense.

Rego ha aludido a que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, indicó, al presentar el convenio con Barreiros, que el 40% de la inversión sería asumida por la Xunta; un 10% por la Diputación de Lugo; y el 50% restante por el Ayuntamiento, aunque la aportación la harán los promotores. "Están financiando un gran pelotazo con los impuestos de todos los gallegos", ha criticado y ha considerado que se trata de una "afrenta" a los gallegos.

La secretaria xeral, que compareció ante la Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, respondió a las cuestiones planteadas por Rego sosteniendo que el criterio no fue "divergente" en este caso y asegurando que la decisión de retirar todos los contenciosos interpuestos por el anterior gobierno gallego estaba sustentada en informes de la Asesoría Xurídica, que consideró para ello los cambios en las normas aplicables.

El diputado del PSdeG ha reclamado que el Gobierno gallego remita al Parlamento ese informe jurídico, solicitado desde hace un año, con el fin de "cotejarlo" con el documento, elaborado también por la Asesoría Xurídica de la Xunta, que respaldó la presentación de los contenciosos. Esto podría querer decir, ha apuntado, que la Asesoría "actúa a la carta". "Espero que no", ha agregado.

Rivas ha indicado que la situación urbanística en Barreiros ha cambiado con la entrada en vigor del convenio para hacer la dotación de servicios y ha concretado que los promotores aportan, a través del ayuntamiento, el 51% de los fondos necesarios. En total, la inversión anunciada es de 14 millones de euros.

La secretaria xeral ha indicado que, en otros casos, la Xunta asume hasta el 100% de la inversión, o porcentajes del 80%, como en obras hidráulicas en Marín; y del 70% para otras intervenciones hidráulicas en Pontevedra. En Barreiros se aplica un proyecto sectorial para dotar de infraestructuras básicas de abastecimiento a los núcleos de San Cosme, San Pedro, San Miguel y Reinante, con un presupuesto de licitación de 6 millones, ha señalado.

Para las mismas localidades se prevé un proyecto sectorial para la mejora y ampliación de las infraestructuras básicas de saneamiento por 4,6 millones. Augas de Galicia está en este momento, ha apuntado Rivas, terminando la supervisión técnica de los proyectos, tras lo que serán licitados.

Núcleos costeros

Por otra parte, Rivas ha indicado, en respuesta a una pregunta del BNG sobre los núcleos de población en la costa, que la Xunta ha trasladado al Gobierno central su interés por colaborar en la modificación de la ley de Costas y ha sostenido que en la normativa vigente "no hay colisión con la normativa autonómica" para el caso, por ejemplo, de Marín.

"Llevamos tres años dando pasos en favor de una solución de la problemática de los núcleos rurales", ha dicho y ha afirmado que la Xunta trabaja "mano a mano en el establecimiento de un marco legislativo que dé respuesta de una vez por todas al reconocimiento de este carácter singular" de los asentamientos gallegos. Además, aspira a una "integración pacífica de la legislación autonómica con la legislación básica estatal" porque "no hay colisión de intereses".

El autor de la pregunta, el nacionalista Bieito Lobeira, ha reclamado que se pida al Gobierno estatal que retire el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la ley gallega que regularizaba este tipo de asentamientos en el litoral, previos a la entrada en vigor de la ley de costas. Rivas ha replicado que esa solicitud se hizo.

"Se nos dijo que, si el PP gobernaba, ese recurso se retiraba y llegó el PP y ese recurso no se retiró. Queremos saber si el Gobierno gallego va a hacer algo o no. Estamos hablando de un problema político y la responsabilidad está en su tejado", ha afirmado Lobeira.