Los datos de cada español de mediana edad están en unas 300 bases, y medio centenar de ellas están activas, según explicó esta semana Gemma Galdón, coordinadora de unas jornadas sobre Las Tecnologías para Vigilar a la Sociedad que reunió en Barcelona a medio centenar de expertos de todo el mundo.

Galdón, responsable de políticas de seguridad de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), señaló que "el problema actual es que no sabemos quién nos vigila. Antes era el Estado, pero ahora también son las empresas".

Datos de establecimientos a cambio de tarjetas de fidelización, de empresas de suministros, de redes sociales, de cámaras de seguridad en la calle y hasta de cuando nos apuntamos a un curso se guardan en bases de datos que son mercancía que se compra y se vende.

Destacó que ahora existe "un gran hermano, que es el Estado; una hermana pequeña, que son las empresas, y al Tío Sam, que es el complejo de seguridad montado con la excusa del riesgo terrorista", y esta situación obliga a exigir garantías para que se respete la privacidad, aunque hay muchos intereses en contra.

Gemma Galdón recordó que hasta ahora se pedía a los ciudadanos que sabotearan los datos y mintieran sobre ellos, y muchas personas lo hacen y adoptan distintas personalidades, pero ahora hay que exigir que se eliminen de las listas aunque sea muy complicado.

En España, las empresas están obligadas a sacar de las bases de datos a las personas que lo piden, pero para ello deben hacer una petición individual, cuando lo que reclaman los expertos es que para incluirte sea necesaria la autorización, y no al revés como ocurre ahora.

Para Galdón, un ejemplo del valor de los datos es la salida a Bolsa de Facebook, que ha alcanzado una cifra enorme por ser una de las bases de datos más grande del mundo, aunque todavía esta ingente cantidad de datos no se pueda dirigir. "La información es poder y dinero, aunque de momento no es así, pero en cinco años ya habrá tecnología para hacer que lo sea realmente".

Remarcó que actualmente un problema difícil de resolver es cómo retirar los datos de Internet, "porque la seguridad total no existe, y todo está jaquedo", aunque esto no exime de que sea necesario mejorar la legislación para garantizar los derechos de los ciudadanos.

Los datos que se compran son los que se usan para hacer campañas de publicidad, como las llamadas de teléfono para ofrecer productos o servicios, y con una buena ley el usuario se debería poder preguntar de dónde han sacado los datos para poder borrarlos, igual que ahora se informa al usuario sobre el precio de determinadas llamadas que antes se facturaban sin informar, y limitar unos horarios.

En el caso de los datos que recaban países como EE UU, hay casos en que se ha negado el acceso al país a personas de las que se sabe que la policía había acudido a sus casas. El peligro, según esta experta, es que "los datos dan un perfil que no se ajusta a la realidad, es una simple caricatura que puede tener muchas consecuencias".