La Coordinadora Valenciana de ONGD ha defendido este viernes la "ética, transparencia y calidad" de la "mayoría" de las entidades de desarrollo de la Comunitat y ha señalado que, de acuerdo con la resolución adoptada en su última asamblea, ha comenzado las gestiones para comparecer como acusación en el proceso judicial abierto en Valencia por el presunto desvío de fondos de cooperación.

La entidad ha expresado en un comunicado su "confianza en la ciudadanía" y en que reconozca "la labor de la mayoría de ONGD" de la Comunitat "que trabajan con eficacia, transparencia y están comprometidas con la lucha contra la pobreza, la sensibilización y la educación para el desarrollo, desde el cumplimiento de la legalidad y del Código de Conducta de las ONGD", al tiempo que ha lamentado que son "las primeras afectadas por el presunto desvío de fondos de cooperación".

La Coordinadora ha decidido comparecer como acusación particular en la causa en la que se investigan presuntos delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvención y falsedad en documentos públicos, en el que se están implicados varios de los antiguos responsables de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat valenciana y directivos de seis ONG: Fundación CyES —sin relación con la constructora—, Hemisferio, Fudersa, Esperanza Sin Fronteras, ASA de África y agrupación Cívica Intercultural Hispanoecuatoguineana-Ceiba. En todo caso, ha señalado que ninguna de ellas son pertenecientes a la Coordinadora Valenciana de ONGD.

La Junta Directiva de la Coordinadora Valenciana de ONGD ha tomado esta decisión de acuerdo con la resolución aprobada por su XXX Asamblea General Ordinaria, celebrada en marzo, "en cumplimiento de sus fines estatutarios", entre los que está el de "velar por la transparencia y gestión de la calidad de la Cooperación Internacional al Desarrollo según los códigos éticos internacionales" y "en coherencia con su comportamiento institucional y de representación del sector".

"grave daño"

De esta forma, espera "poder contribuir desde su especialización a la clarificación de los hechos y a la defensa de la cooperación internacional para el desarrollo de calidad". Según la coordinadora, "este caso ha puesto en cuestión la ética y responsabilidad de los gestores de fondos públicos de ayuda oficial al desarrollo imputados, y está produciendo un grave daño a la credibilidad y a la imagen de las ONGD valencianas que, día a día, trabajan con las personas más empobrecidas".

"Es nuestra función representar colectivamente a las entidades que conforman nuestra Coordinadora y, en coherencia con nuestro código ético, defender los derechos de las personas y pueblos del sur, destinatarios finales de las ayudas de cooperación al desarrollo entre las que se encuentran los fondos públicos que destina la Generalitat Valenciana a este menester y que son gestionados en gran medida por las ONGD", ha manifestado.

La entidad ha hecho hincapié en que desde que se levantaron las "sospechas", que se hicieron públicas en octubre de año 2010, ha insistido "en la necesidad de rendir cuentas a la ciudadanía, y de que se depuren las responsabilidades legales ante presuntas irregularidades administrativas, y así seguir generando procesos de transparencia, en aras de una cooperación al desarrollo de calidad".

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