La autorización para celebrar la manifestación fue solicitada al Gobierno vasco por José Ignacio Ladislao Egiarte, quien según las fuentes consultadas no tiene vinculación alguna con la ilegalizada Batasuna.

La marcha fue autorizada con las limitaciones habituales, es decir, la prohibición de proferir expresiones de apoyo a asociaciones prohibidas o exhibir símbolos de respaldo a éstas.

Además, la Consejería de Interior del Gobierno vasco y la Ertzaintza han emitido sendos informes en los que aseguran que no tienen datos que permitan suponer que durante la marcha fueran a producirse incidentes de ningún tipo.

Por todo ello, el fiscal Fernando Burgos redactó un informe en el que, teniendo en cuenta el artículo 21 de la Constitución -que reconoce el derecho de manifestación y dice que éstas sólo podrán impedirse "cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes"-, entiende que no debe prohibirse ni restringirse la marcha convocada.

No obstante, el fiscal señala que si antes de que se celebre ésta se dan indicios de que ha sido convocada por asociaciones prohibidas -en referencia a Batasuna-, se ponga este hecho en conocimiento del Juzgado.

También en el caso de que durante la celebración del acto se exhiban símbolos propios de organizaciones ilegalizadas o se expresaran consignas de apoyo a éstas, el fiscal pide que se ordene a la Ertzaintza que proceda a su "disolución inmediata".

Burgos remitió este informe al juez Juan del Olmo, que se lo reclamó en el marco de unas diligencias previas abiertas el pasado día 16, cuando la Consejería vasca de Interior le comunicó cuando estaba de guardia que existía el anuncio de una convocatoria de manifestación para el próximo viernes.

Denuncia de la AVT

Por otra parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y las plataformas España y Libertad y Rosas Blancas por la Dignidad presentaron ayer martes ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) una denuncia contra los convocantes de la marcha en la que insta al ministerio público a tomar las medidas pertinentes para que ésta no tenga lugar.

Según informaron en una nota de prensa, estos tres grupos entienden que la celebración de la manifestación supondría un delito de desobediencia y de quebrantamiento de la suspensión de actividades de Batasuna y añaden que el acto es "en apoyo y propaganda de los fines políticos perseguidos por Batasuna-ETA".

Además, la asociación Dignidad y Justicia presentó en la Audiencia Nacional un escrito solicitando que se prohíba la manifestación, al considerar también que la formación ilegalizada auspicia la misma.

El PP pide que se prohíba

Por su parte, el presidente del PP en Bizkaia, Antonio Basagoiti, denunció que al menos tres de los ciudadanos que convocan la manifestación del viernes pertenecen a partidos ilegalizados, por los que exigió que se prohíba la marcha.

Según aseguró en rueda de prensa, Zuriñe Zorrozua fue candidata por Bizkaia a las elecciones autonómicas de 2001 por Euskal Herritarrok y candidata en las elecciones municipales de 2003 por Herria Aurrera.

Por su parte, Luis Muñoz fue candidato por Bilbao de Euskal Herritarrok a las elecciones municipales de 1999, mientras que Iker Uriguen, portavoz de Bilboko Konpartsak, es representante de Herria Aurrera en Deusto.

El presidente de los populares vizcaínos reiteró su petición de que se impida la manifestación, porque es "ilegal y porque son el mismo perro con distinto collar y porque sus nombres constan de manera oficial".