La vicesecretaria general del área educativa del PP andaluz, Marifrán Carazo, ha acusado a la Junta de Andalucía de llevar "décadas" superando en un diez por ciento los niveles de ratio establecidos por ley para los colegios e institutos andaluces, algo que, según ha explicado, se lleva a cabo por "instrucción verbal" por parte de las delegaciones provinciales.

Carazo se ha pronunciado así, en declaraciones a los periodistas, tras realizar una visita junto a la portavoz regional del PP-A, Rosario Soto, y a la portavoz adjunta del grupo parlamentario popular, Alicia Martínez, a una asociación de vecinos afectada por el cierre de un Instituto de Educación Secundaria en Sevilla.

Según ha explicado la dirigente 'popular', la norma establece que la ratio máxima para los centros de Educación Primaria es de 25 alumnos; de 30 para Secundaria y de 35 para Formación Profesional y Bachillerato. No obstante, se ve aumentada por la Junta en dos y tres alumnos más en cada una de estas modalidades, "siendo a veces incluso superior este incremento".

Por este motivo, ha considerado "un teatro" que la Junta apuntara la posibilidad de aumentar las ratios en los colegios e institutos y que finalmente haya rechazado dicha posibilidad. "Ha sido una gran mentira", ha señalado Carazo, quien ha criticado que el Gobierno andaluz "se dé golpes en el pecho" con este asunto cuando "año tras año supera las ratios establecidas".

Por su parte, Rosario Soto ha asegurado que los recortes en Educación por parte del Gobierno andaluz se vienen realizando desde "hace años", al tiempo que ha recordado la denuncia realizada por parte de su formación sobre "el desvío" de más de 3,6 millones al ente público de infraestructuras educativas de la Junta, "un dinero nunca llegó a los centros educativos, fundamentalmente de la provincia de Cádiz".

A este respecto, la portavoz 'popular' ha señalado que la Junta "siempre negó el fraude" y que ahora se ha conocido que "se han cesado a dos técnicos" por este asunto. "El grave descontrol que se demuestra en la Consejería de Educación y en la empresa pública de infraestructuras educativas no debía quedar en el cese de dos técnicos, sino en la asunción de responsabilidades políticas", ha afirmado Soto, quien ha añadido que "el tiempo nos ha dado la razón".