Los planes de ajuste autonómicos para acogerse a las ayudas estatales y pagar a los proveedores, así como cumplir con el objetivo de déficit previsto por la ley de Estabilidad Presupuestaria del 1,5% de su PIB, serán sometidos este jueves a examen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Las comunidades afrontan el encuentro con un relativo optimismo, convencidas de que superarán la prueba y no tendrán que ser intervenidas, a pesar de que el Gobierno ha advertido de que no se dudará en hacerlo si las cuentas no cuadran.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. les pidió este miércoles pidió que acudan a la reunión sin "recelos" ni "rechazos", dispuestas a hacer una "radiografía" de su situación financiera.

Para el ministro, la convocatoria es importante porque será clarificadora sobre las cuentas de las regiones y "abre el futuro del Estado de las autonomías".

La intención política del Gobierno es mostrar que éste es factible; que se hizo para entenderse y "no para que haya agravios comparativos".

Tras valorar la "madurez" política de algunos dirigentes de autonomías que no son del PP y sus planes de ajuste, ha dejado claro que el Ejecutivo aplicará la Ley de Estabilidad "sin pestañear y con todo rigor" en caso de incumplimiento.

En palabras similares se expresó el secretario de Estado de Administraciones Púbicas, Antonio Beteta, para quien los planes presentados, "en general, son satisfactorios", aunque no se pronunció sobre si será necesario intervenir a alguna.

"Hasta el último minuto -ha indicado- vamos a pedir aclaraciones y concreciones" si consideran que los datos aportados no son suficientes.

De la seguridad con la que dicen afrontar la reunión las autonomías son muestra las declaraciones de José Manuel Vela, consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, una de las más endeudadas, quien, seguro de que sus cuentas no serán intervenidas, dice que la reunión de esta tarde marcará "un antes y después" en la historia de las finanzas públicas regionales en España.

Si algún plan es rechazado, la comunidad en cuestión tendrá dos semanas para enmendar las cuentas y volver a presentarlas en un CPFF que se celebrará en unas dos semanas.