El que fuera tasador municipal, acusado en el caso 'Malaya', José Mora, ha asegurado este lunes que "nunca" recibió instrucciones o recomendaciones del presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, a la hora de hacer las valoraciones económicas de terrenos que se permutaban o conveniaban, y ha indicado que en su trabajo "siempre anteponía los intereses municipales sobre los particulares".

Este procesado, que no había declarado en este bloque del juicio hasta ahora por enfermedad, ha negado rotundamente haber admitido "ningún tipo de recomendación" de Roca en cuanto a los criterios para hacer las valoraciones, con perjuicio del Ayuntamiento, y a posteriori de haberse firmado los convenios urbanísticos. "Además, él sabía que por mi forma de ser, por mi carácter, que no se lo iba a permitir tampoco", ha apuntado.

Ha asegurado que con sus tasaciones "no hay perjuicio para nadie" y que no sabía el sentido o la finalidad de las permutas, sino que la asesoría jurídica únicamente le indicaba que tenía que hacer una valoración económica de determinados terrenos. Al respecto, ha asegurado que no intervenían en las operaciones, ni daba su opinión, sino que se limitaba "a hacer un trabajo de funcionario, como usted", ha respondido al fiscal.

El acusado han explicado que lo que hacía en las tasaciones era "casar unas cantidades con otras para que no se perjudique el Ayuntamiento y, en segundo término, para que la parte opuesta tampoco se vea condicionada a tener que poner una demanda al Ayuntamiento reclamándole que no han cumplido el convenio", incidiendo a pesar de esto "no he admitido nunca que nadie me imponga nada, porque sino me voy a mi casa".

Al igual que de Roca ha señalado que el exalcalde Julián Muñoz "jamás" le indicó nada respecto a las tasaciones "y ellos me conocen de sobra y saben que yo no me iba a prestar a eso". También ha declarado el cirujano que operó a la exalcaldesa Marisol Yagüe, quien ha señalado que cobró con una transferencia bancaria los 9.000 euros de la intervención de estética que realizó, pero que no supo de donde procedía el dinero, ya que es algo que no pregunta a sus clientes.

Otros testigos

Asimismo, en la sesión de este lunes han vuelto a declarar los funcionarios de la Agencia Tributaria, que aún no han terminado su testimonio. Éstos han respondido a preguntas del abogado del Ayuntamiento sobre los efectivos encontrados en viviendas de exediles como Isabel García Marcos o Carmen Revilla. Además, han ratificado que las iniciales JM se refieren "claramente" a Julián Muñoz y no a Javier Manríquez.

Además, ha declarado el exdelegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía Ignacio Trillo, quien ha sido propuesto por la defensa de Muñoz para preguntarle por el vertedero de Marbella, una de las operaciones por la que está acusado el exregidor. En este sentido, el testigo ha asegurado que desde 1995 existía un convenio para cerrar estas áreas, sobre todo tras la inauguración de la planta de tratamiento de Casares en 1999.

Ha señalado que en 2002, cuando se pretendía ampliar el vertedero, Marbella debía tener únicamente un punto de transferencia de residuos y la construcción de uno nuevo "no estaba recogido en el plan director", en el que estaban incluidos casi todos los municipios de la Costa del Sol. Asimismo, Trillo ha manifestado que en esas fechas "no se toleraba ni un vertedero más, todo lo contrario".

También se le ha preguntado por si conoció la intención de Muñoz de acercarse a la legalidad urbanística y ha asegurado que mantuvo un contacto "informal", ya que no se examinaron expedientes, con éste, que acaba de ser elegido, quien "me transmitió deseo de cumplimiento estricto de la legalidad", aunque Trillo le comunicó que no era el órgano adecuado y que "los hechos serían que inmediatamente aprobaran la resolución de la comisión provincial de urbanismo, que era la aprobación del texto refundido".