23 familias de Coruxo desconocen todavía si conservarán sus casas

Los vecinos que viven junto a la depuradora irán el jueves al pleno que decidirá sobre la expropiación de sus viviendas.
Un informe técnico del Concello propuso, el pasado 16 de mayo, crear una zona de exclusión alrededor de la depuradora del Lagares para evitar que los malos olores que desprende arruinen la vida de los vecinos. Aplicar esta medida, ocho años después de construir la planta, tiene un alto coste para las 23 familias que viven en el entorno más inmediato. Tendrían que renunciar a su vivienda y aceptar su realojo en cualquier otra ubicación. El jueves sabrán a qué atenerse.El pleno de la corporación, convocado para el jueves, debatirá y votará el informe que la comisión de seguimiento de la depuradora elaboró hace tres meses. De aprobarse, el Concello debería encargar los proyectos técnicos necesarios para ejecutar las mejoras propuestas en la planta. Además, podría poner ya en marcha el proceso de expropiación de estas 23 viviendas, siempre de acuerdo con los vecinos afectados.

Por primera vez desde que se inició el conflicto de la depuradora, los propios vecinos intervendrán en el pleno. Entre otras cosas, han pedido a los grupos políticos un compromiso claro: la depuradora del Lagares no se ampliará utilizando la zona de exclusión planteada, la misma que hace necesaria la expropiación de sus casas.

Una lista de 18 mejoras

El informe de la comisión de seguimiento también proponía adoptar un paquete de 18 medidas para atajar el problema de los malos olores, presente desde 1998 pero agravado en los tres últimos años. La de mayor envergadura, la cubrición total de la depuradora, costaría unos 25 millones. Otras, como el reforzamiento de la pantalla vegetal o la desodorización de algunas partes de la planta, tendrían un coste menor.

Viola derechos constitucionales

Pocas voces quedan por posicionarse acerca de la depuradora del Lagares tras el informe del Valedor do Pobo que el grupo municipal socialista difundió hace una semana. Según éste, el problema de los malos olores vulnera los derechos constitucionales de los vecinos, entre ellos el de la intimidad. Culpa a la Xunta, que la construyó, y al Concello, que la mantiene.

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