Según informaron fuentes policiales, de los siete agentes que pasaron a disposición judicial por este caso, los tres que quedaron presos fueron acusados de supuesto abuso sexual con el agravante de ser funcionario de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los cuatro en libertad con cargos y sin fianza están acusados de presunto delito de omisión del deber de impedir un delito y con el mismo agravante de pertenecer a las Fuerzas de Seguridad.

Declaración

Las internas inmigrantes también prestaron declaración ante el juez e incluso participaron en una rueda de reconocimiento, en concreto seis, según aseguraron fuentes sindicales, cinco ucranianas y una rusa, quienes permanecen en el centro de internamiento.

Seis de los policías arrestados permanecieron desde primera hora del sábado hasta primera hora del domingo en los juzgados y el ingreso en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) de tres de ellos se produjo hacia las 10.00 horas, según indicaron fuentes penitenciarias.

Dos de los presos estaban destinados en el centro de internamiento y el otro formaba parte de una patrulla de un coche "zeta", que presta servicio habitual en sus inmediaciones y acudía con frecuencia a las dependencias, según las fuentes sindicales, que precisaron que de los que quedaron libres, tres también eran del centro y uno compañero de patrulla del encarcelado.

Las mismas fuentes añadieron que uno de los policías en libertad, que ejercía de jefe, deberá comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Medidas disciplinarias

La Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Málaga informó el sábado de que la Dirección General de la Policía inició las acciones en el ámbito disciplinario y relevó a los policías de sus puestos, mientras que, en cuanto a la exigencia de responsabilidades, cesó en sus funciones al jefe de seguridad de esa unidad policial.

El caso se detectó en las inspecciones de seguridad programadas y habituales en el Centro de Internamiento de Extranjeros, dependiente del Cuerpo Nacional de Policía, que alberga inmigrantes, tanto hombres como mujeres, en situación irregular y que quedan retenidos pendientes de expulsión a sus países de origen en el plazo de 40 días que fija la ley.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, descartó que se vayan a producir nuevas detenciones de agentes por este asunto, ya que consideró cerrada la actuación policial contra los agentes inculpados.

López Garzón, que dijo no haber leído el auto de la jueza y desconocer por tanto los cargos concretos que pesan sobre los agentes, señaló que "lo digno de resaltar es que el propio sistema de control policial haya detectado cualquier irregularidad en el comportamiento de los policías, que están en igualdad ante la ley con el resto de los ciudadanos.