Los grupos de la oposición en el Parlamento gallego han urgido "una solución política" para los afectados de las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas de NCG Banco con el objetivo de evitar que les ocurra "lo que les pasó" a los perjudicados de la CAM (Caja Mediterráneo), "que están a la espera" tras la compra por parte de Banco Sabadell, según ha denunciado el diputado nacionalista Carlos Aymerich.

Lo han pedido los portavoces de PSdeG y BNG en el pleno del Parlamento gallego durante el debate de una moción, cuyo autor, el socialista Juan Carlos Francisco Rivera, ha hecho hincapié en que "la resolución de este asunto está directamente ligada" con el Gobierno del Estado y el Banco de España.

Pero, según ha criticado, la Xunta "intenta buscar responsables lejanos" en esta problemática, por lo que ha pedido "un poquito de seriedad" para dejar de "engañar" a los ciudadanos con este asunto.

"Hay soluciones, y se le dieron a otras entidades también intervenidas y también subastadas", ha dicho Francisco Rivera, quien, durante su última intervención, ha precisado que a NCG Banco se le presenta una "salida" en "breve plazo" que puede pasar por la "subasta o no subasta" de la entidad financiera.

Por su parte, el diputado del PPdeG Alberto Sueiro ha destacado que "no hay problema político sobre esta cuestión en Galicia", pues la Cámara autonómica llegó a acuerdos unánimes en plenos anteriores y, a su juicio, "queda probada la implicación directa del Gobierno gallego" para tratar de dar con una solución.

De este modo, y tras defender una enmienda de sustitución que no fue aceptada por los socialistas, los populares han votado en contra de la moción, que sí ha recibido el apoyo de PSdeG y BNG.

Llamamiento a la cautela

El parlamentario popular ha hecho alusión a las reuniones y comunicaciones relatadas por el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, hace 15 días en el hemiciclo.

Y, en este sentido, se ha preguntado por los motivos por los que la oposición gallega "sigue presentando iniciativas" sobre las preferentes "sin dar tiempo" para que se cumplan acuerdos previos.

Así, Sueiro ha llamado a ser "muy cautelosos para no allanar el camino a los que quieren que el proceso —de NCG Banco— fracase", pues, en su opinión, la devolución del dinero invertido en estos productos 'tóxicos' tendría su "mayor garantía" en la viabilidad futura del banco.

Esto lo ha subrayado Sueiro tras reprobar que el PSdeG "quiere hacer" de este "un problema exclusivo de una entidad gallega", ante lo que el socialista Francisco Rivera ha argumentado que resolverlo es fundamental para "una entidad que aspira a seguir gozando de la confianza" de los clientes de la comunidad.

Frob e indemnizaciones

Por su parte, el parlamentario del Bloque Carlos Aymerich ha defendido —como pidió su grupo a través de una enmienda de adición— el traspaso a la Xunta de las participaciones del FROB en NCG Banco y el reintegro de las indemnizaciones ya cobradas y futuras de los exdirectivos de Caixa Galicia y Caixanova —cajas de ahorro que se fusionaron y fueron la matriz del actual banco—.

Asimismo, Aymerich ha propuesto que en la tarea de "sanear la banca privada" se incluya la "desviación de una pequeña parte" de los fondos públicos que el Gobierno central anunció que destinará a este fin para la resolución del conflicto de las preferentes.

Alberto Sueiro, al inicio de su intervención, ha advertido que "no contribuirá" a encontrar soluciones la discusión conjunta de tres temas como el de las preferentes, la participación del FROB en NCG Banco y las retribuciones "extraordinarias" de los exdirectivos, pues deben ser "debates distintos".

Control de los ere

Por otra parte, los votos del grupo popular han servido para rechazar otra iniciativa socialista defendida por el diputado Miguel Ángel Fernández relativa al seguimiento de las empresas que aplican expedientes de regulación de empleo extintivos en Galicia y al establecimiento de mecanismos para la disminución de la jornada regulada.

La moción, que recibió el voto a favor de socialistas y nacionalistas —que añadieron dos puntos al texto mediante una enmienda—, también solicitaba dirigirse al Estado para modificar la reforma laboral de forma que siga siendo la autoridad laboral la que autorice los ERE.

El popular Alberto Sueiro ha expuesto una enmienda de sustitución de su grupo —que no fue incorporada— y, para justificar la posición de su grupo, ha asegurado que la falta de necesidad de autorización administrativa para presentar un expediente de regulación ya fue introducida por la modificación del mercado de trabajo del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

En esta línea, ha defendido que la Comunidad Autónoma está "poniendo en marcha una campaña específica de control" de posibles usos fraudulentos de ERE, aunque Miguel Ángel Fernández ha puesto en cuestión que los populares quieran "vender otro plan" en este ámbito.