El titular del juzgado de Instrucción número 52 de Madrid ha decidido practicar diligencias, entre ellas una prueba de ADN, para comprobar si la religiosa, María Gómez Valbuena, conocida como sor María, está implicada en otro posible caso de bebés robados en el Hospital La Paz.

El juez tomó declaración este lunes durante una hora al matrimonio formado por Luis Sánchez y Petra Gallego. Una de sus hijas, María del Mar, fue quien interpuso una denuncia ante la Fiscalía por el supuesto robo de la que sería su hermana, una mujer que hoy vive en Murcia y cuya prueba de ADN ha dado como resultado un 99,97% de compatibilidad.

Según detalló el padre de familia, su mujer dio a luz en julio de 1980. Cuando llamó al centro para comprobar si su mujer necesitaba que le llevase algo de casa, una vecina que estaba con ella le dijo que el bebé había desaparecido. Al llegar, le comunicaron que el niño había fallecido.

La familia vivió con el convencimiento de que el pequeño había muerto hasta que su hija María del Mar comenzó a investigar las "contradicciones" con las que se encontró cuando buscaba antecedentes de enfermedades hereditarias en su familia. Finalmente, tras cotejar su ADN con el banco de muestras creado por el colectivo SOS Bebés Robados, llegaron hasta una chica de Murcia en cuyo expediente de adopción figura la firma de sor María.

La religiosa, que trabajó como asistente social en las clínicas Santa Cristina y San Ramón en Madrid, ya está imputada por detención ilegal y falsedad en documento público en un caso similar que se instruye en los Juzgados de la capital. El pasado 24 de abril fue identificada por otra mujer que asegura haber sido víctima de la sustracción de su bebé en una tercera causa.

Según el abogado de Petra y Luis, además de al cotejo del ADN, el magistrado se ha comprometido a recabar la documentación necesaria para aclarar el supuesto paradero de los restos del bebé desaparecido en 1980, ya que la madre fue informada de que el cuerpo había sido donado para la investigación.

La institución a la que presuntamente se envió el cadáver, sin embargo, niega haberlo recibido y la familia ha comprobado después, según Peña, que su enterramiento no figura en ningún sitio. Los padres aseguran que nunca vieron el cadáver del pequeño.

A la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla, Luis se mostró cauto a la espera de las pruebas de ADN ya que, en el caso de que el resultado sea positivo, "tendríamos una hija con la que no contábamos". Su mujer, Petra, expresó su deseo de "recuperar el tiempo perdido" si la prueba judicial confirma el resultado del examen independiente del ADN.

El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, considera que no existió una banda criminal como tal detrás de los casos de niños robados. Sin embargo, si cree que hubo cierta "organización" en la posible desaparición de los pequeños que se deberían a procesos irregulares de adopción.