La Diputación de Gipuzkoa trabaja con los grupos de las Juntas Generales en una propuesta para que los peajes suban hasta 50 céntimos en verano para los usuarios de las autopistas que no posean Viat, como una medida para hacer frente a la falta de ingresos con los que cubrir las necesidades de las carreteras del territorio y ha advertido de que el uso de las autopistas de forma gratuita es "inviable".

La diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, y el director general de Infraestructuras Viarias, Joseba Altube, han ofrecido una rueda de prensa en San Sebastián para dar a conocer la campaña que ha puesto en marcha la institución foral, con la distribución de 300.000 dípticos, para dar a conocer la situación de las carreteras guipuzcoanas.

Ugarte ha señalado que en Gipuzkoa hay carreteras que están "en una situación bastante lamentable" porque hay "puentes o viaductos que necesitan un arreglo" y ha puesto como ejemplos la N-I o la GI-20, que "se tienen que arreglar".

En esa línea, ha señalado que el mantenimiento anual ordinario de carreteras, en el que se engloban la viabilidad invernal o la accidentalidad, "cuestan mucho dinero a los guipuzcoanos". "A día de hoy el sistema de financiación no abarca las necesidades que tienen las infraestructuras viarias, que vienen a ser 1.300 kilómetros de carreteras en toda la red de Gipuzkoa".

Además, ha recordado que Bidegi tiene un crédito de 900 millones de euros a pagar a los bancos hasta 2032 y esta deuda y la situación "preocupante" de la sociedad pública "hipoteca mucho a los guipuzcoanos".

En su opinión, para que Bidegi se pueda "reequilibrar" es necesario que "tenga un sistema autosuficiente" y no sean los ciudadanos del territorio "quienes tengan que pagar lo que no consigue pagar la sociedad foral a los bancos y sacrificar los presupuestos forales".

Ugarte ha apuntado que la ponencia para la financiación de las carreteras, que se está desarrollando en las Juntas Generales de Gipuzkoa, finalizará para mediados de junio y ha confiado en que se logre un "amplio consenso" entre los partidos políticos, así como que cuente con participación ciudadana.

En cuanto al pago en las autovías, ha asegurado que se trata de una "tendencia europea a que el uso de las carreteras se pague" y ha señalado que "habrá que ver si esa es la medida más oportuna o no".

"Al final lo que pasa es que las Cuentas son finitas y hay que ver qué se penaliza y qué se prioriza", ha señalado para advertir de que "a día de hoy en Gipuzkoa el uso gratuito de las carreteras es prácticamente inviable", en referencia a las autopistas.

Preguntada por el movimiento surgido en Cataluña contrario a pagar los peajes, ha considerado que la situación de esta comunidad y la de Gipuzkoa es "distinta" porque, según ha señalado, las autopistas las gestionan concesiones privadas y no públicas, como es el caso del territorio guipuzcoano.

"deficit historico"

Altube, por su parte, ha explicado que en Gipuzkoa se han invertido 2.500 en la construcción de carreteras desde 1997 y ha destacado que la inversión para el mantenimiento de las mismas "no ha crecido de la misma manera" por lo que existe un "déficit histórico" de 230 millones de euros.

En esa línea, ha detallado que las infraestructuras viarias se pagan a través de los presupuestos y ha recordado que el 43,4 por ciento de las Cuentas forales de este año se ha destinado a Política Social, gasto que "no disminuirá en favor de otros como las carreteras porque es fundamental para el bienestar de la ciudadanía".

Además, ha insistido en que los peajes actuales también necesitan de una revisión puesto que "provocan desigualdad entre los usuarios del territorio" y ha apuntado que el Departamento cuenta con un presupuesto se 96 millones y, a través de peajes, Bidegi ha recaudado 102 millones, pero "para mantenimiento y obras imprescindibles se necesitan 280 millones".

De este modo, Bildu apuesta por un "sistema más justo" que responda "afirmativamente" a cuestiones como si deben contribuir a pagar las carreteras las personas de fuera de Gipuzkoa que atraviesan el territorio, si debe lograrse un sistema en el que se compartan los gastos por contaminar, y asegurarse la existencia de un servicio de transporte público "barato y adecuado" y el mantenimiento de las carreteras "en buenas condiciones".