El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento, Román Rodríguez, ha asegurado que la persecución de la economía sumergida "no es una prioridad" para el Gobierno autonómico.

De esta forma, se pronunció después de que el consejero de Hacienda del Gobierno canario, Javier González Ortiz, no respondiera a las cuestiones realizadas por Rodríguez sobre cuánto iba a aumentar el número de inspectores de Canarias.

Y, en este sentido, Rodríguez incidió en que para poder acometer esta tarea "es necesario que se destinen" los recursos humanos necesarios, lo que supone más inspectores, según informó en nota de prensa.

El nacionalista incidió en que "es importante" conocer cuál es la estimación para saber la modificación de ingresos y gastos que debe hacer en los presupuestos de la comunidad autónoma para 2012 en función de los recortes del Gobierno central.

Además, recordó a González Ortiz que, según el informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) para el archipiélago en 2009, la economía sumergida en las islas supone el 28,7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), 11.653 millones de euros, un "porcentaje superior a la media estatal en 5,4 puntos".

Añadió Rodríguez que este mismo sindicato señala que se si se redujese en 10 puntos del PIB, se ingresarían 1.530 millones de euros de ingresos para Hacienda y 516,9 millones por cuotas sociales.

Por otro lado, el diputado nacionalista subrayó que su partido "al igual que está a favor de perseguir el fraude fiscal, está en contra de la amnistía a los defraudadores" decretada por el Gobierno del Estado e incorporada en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, al considerar que se premia "a los que hacen trampas y se desmoraliza" a los contribuyentes cumplidores, que se le aumenta el tipo del IRPF.

Finalmente, consideró que esta amnistía "deslegitima" el plan del Estado para perseguir el fraude fiscal y el laboral, ya que "se persigue a los que, en muchos casos por necesidad, trabajan irregularmente o trabajan de forma puntual a la vez que cobran el paro, mientras se perdona la evasión fiscal a los grandes defraudadores, a cambio de un 10 por ciento, sin dejar claro además si se va a tener en cuenta el origen legal o ilegal del dinero que aflore", lo que calificó como una "ocurrencia del PP".