El juicio por el presunto fraude de la Hacienda de Irun se reanudará este miércoles tras la decisión del presidente del tribunal, Iñaki Subijana, de suspender la vista el pasado lunes para analizar las peticiones de anulación realizadas por las defensas de dos de los tres acusados, José María Bravo y Rosa Cobos, que alegan vulneraciones de los derechos de sus defendidos.

En el caso de que las peticiones de la defensa sean rechazadas por el tribunal, en la sesión prestaría declaración José María Bravo, principal encausado, al que seguirían Rosa Cobos, esposa de Bravo, y Pedro Atristain, socio del exdirector de la oficina de la Hacienda foral irundarra. En el juicio, con un mes de duración prevista, declararán más de 60 testigos.

En la primera sesión del juicio por este caso, que se celebra desde el pasado lunes en la Audiencia de Gipuzkoa en San Sebastián, los letrados Jesús Urraza, -defensor de Bravo-, y Mari Cruz López Gascón, -abogada de Rosa Cobos-, alegaron "vicios de nulidad" que se han producido durante las diligencias informativas y el trámite de cuestiones previas al inicio del proceso oral.

En su intervención, Urraza argumentó, entre otras cuestiones, que Hacienda no llevó a cabo una "verdadera incoación" de expediente disciplinario para investigar la actuación de José María Bravo y consideró que no se "garantizaron los derechos que la ley de enjuiciamiento criminal reconoce en las diligencias informativas" de su defendido cuando este expediente se puso a disposición de la Fiscalía.

También señaló que el Ministerio Fiscal no investigó únicamente los dos casos que habían presentado denuncia sino que se realizó en 297 expedientes, con hechos anteriores a 1997, por lo que consideró que no se ha respetado el principio de prescripción y aseguró que parte de los hechos imputados a Bravo ya han prescrito.

La abogada de Rosa Cobos se sumó a los argumentos de la defensa de Bravo e instó a la nulidad de las diligencias porque, según remarcó, su cliente "ha visto vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías".

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por Miguel Alonso Belza en representación de la Diputación de Gipuzkoa y las Juntas Generales, pidió la desestimación de las cuestiones previas alegadas por la defensa.

La Fiscalía pide para José María Bravo 24 años de cárcel por los delitos de malversación, prevaricación, estafa, receptación e insolvencia punible cometidos entre 1990 y 2004. Para Cobos, el fiscal pide 10 años y un mes de prisión por malversación, receptación e insolvencia punible, y para Atristain, un año y medio de cárcel por receptación.

Las irregularidades, hechas públicas en el años 2006, habrían supuesto un perjuicio a Hacienda guipuzcoana de 2 millones de euros, por la apropiación por parte del exdirector de la oficina irundarra del cobro de deudas tributarias a contribuyentes morosos, que posteriormente no ingresaba en las arcas forales. El ministerio fiscal reclama una multa de 2 millones y la restitución al Fisco guipuzcoano de 1,9 millones de euros.