La nueva Ley de Vivienda incluye un régimen de "copropiedad" con la Xunta y viviendas públicas concertadas

Crea el Registro de Promotores, de obligada inscripción, y regula la posibilidad de aplazar el pago de una VPP en circunstancias "especiales"
Consello De La Xunta
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EUROPA PRESS
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La nueva Ley de vivienda de Galicia incorporará un nuevo régimen de "copropiedad" con la Xunta, según el cual el comprador de una vivienda de promoción pública (VPP) adquirirá un mínimo "del 60 por ciento" del inmueble pudiendo comprar posteriormente el resto de la propiedad. De esta forma, "se facilitará" el acceso a la vivienda con el pago de "cuotas" más reducidas de lo que supondría comprar "el cien por cien" del inmueble.

Lo han explicado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, que ha dado el visto bueno a una norma que también incorpora otras categorías nuevas de viviendas de promoción pública, como las concertadas y las denominadas "de inserción o asistenciales".

Hernández ha destacado que la ley tiene "una profunda inspiración social" y ha explicado que se regula la publicidad e información en la oferta de viviendas, así como la cantidad máxima que se pagará como reserva de vivienda, que se fija en el 1 por ciento de su precio. Asimismo, se regula la posibilidad de aplazar el pago de una VPP en "circunstancias económicas especiales", así como el alquiler con opción a compra.

El conselleiro también ha destacado que el proyecto de ley protege los derechos de los adquirientes de viviendas "de buena fe" afectados por actuaciones administrativas "declaradas ilegales" y que obligan "a la demolición" de un inmueble. Así, el titular tendrá derecho a residir en su casa hasta que finalice el procedimiento de responsabilidad patrimonial y se ponga, de ser el caso, a disposición de los perjudicados, una indemnización.

Otra de las novedades de la norma es que se crea el Registro de Promotores de Galicia. la inscripción será necesaria para todos los promotores que quieran desarrollar su actividad en Galicia, pero el registro será "meramente informativo" y recogerá los datos básicos sobre "la personalidad y solvencia" del promotor, las obras ejecutadas, posibles sanciones administrativas y sentencias judiciales, entre otras.

Períodos de protección

Feijóo y Hernández han incidido en que la ley es "clarificadora" y elimina la "confusión" entre promoción pública y promoción privada que, a su entender, existía en el texto aprobado en el año 2008, con el Gobierno bipartito al frente de la Xunta. Así, sólo serán viviendas de promoción pública las promovidas o calificadas por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

Además de las viviendas en copropiedad, nacen otras dos nuevas categorías de VPP: las concertadas y las asistenciales. Las primeras estarán promovidas por la iniciativa privada o por un promotor público "distinto" al IGVS —aunque las calificará éste— allí donde el registro de demandantes de vivienda constate "que hay demanda".

En cuanto a las viviendas públicas "de inserción o asistenciales", estarán desarrolladas por el IGVS y contarán con alquileres "favorables" para colectivos desfavorecidos. En materia de rehabilitación, se suprime la calificación como de vivienda protegida a aquellos inmuebles que sean producto de una rehabilitación con ayudas.

Sobre las posibilidad de expropiación, se formula en tres aspectos. Por una parte, en el ámbito de la VPP, por no ocupación, falsedad o disponer de otra vivienda protegida. Por motivos de accesibilidad, se prevé la expropiación de elementos privativos caundo sea necesaria la ejecución de obras que la garanticen.

En tercer lugar, por motivos de rehabilitación, se prevé la expropiación de edificios de viviendas o parte de ellos cuando presenten condiciones de "deterioración grave de funcionalidad, seguridad o habitabilidad" que supongan "ruina económica de la edificación o riesgo grave para las personas".

"ley innovadora y flexible"

En su intervención, tanto Feijóo como Hernández han incidido en que se busca dar facilidades de pago, facilitar el acceso a la vivienda y generar "más confianza y garantías" para compradores y vendedores de inmuebles. Todo ello, acompañado de una "mayor protección social".

"Es una ley innovadora, flexible y estable ya que supone un marco de desarrollo en cualquier coyuntura económica", ha resumido el responsable de Obras Públicas de la Xunta, quien ha destacado el "consenso" en su elaboración y ha avanzado que el texto se enviará al Parlamento la próxima semana con el objetivo de que reciba la aprobación definitiva esta legislatura.

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