Las defensas de los acusados en el caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), han tratado de poner en cuestión algunos informes policiales incluidos en la causa. Uno de los letrados ha intentado hacer ver que al menos el documento sobre el análisis patrimonial de su defendido tiene "errores" y que hubo "aceleración" para hacerlos y justificar los arrestos.

En la sesión del juicio oral de este martes han comparecido unos ocho policías. Algunos sólo participaron en registros, como el de la casa de Roca; sin embargo otros agentes que han declarado intervinieron en la redacción de informes patrimoniales de los acusados, en este caso de los supuestos receptores de dinero, es decir, los exediles, o en la recopilación de los datos.

Así, el letrado del exconcejal Vicente Manciles ha preguntado a uno de los agentes que recopiló datos y reseñó documentos de las bridas para hacer esos informes patrimoniales si "fue un informe obtenido de urgencia para justificar la petición al juez de las detenciones que se iban a producir", respondiendo el funcionario policial que no se les apremió para hacerlos.

El abogado ha considerado que ve "cierta aceleración a la hora de redactar" los informes, que tienen "numerosos errores" en lo que a su defendido se refiere, poniendo como ejemplo que aparece que fue "colaborador del GIL desde sus inicios en 1991, concejal de Obras Públicas y Limpieza desde 1999", algo que "es rotundamente falso, porque entra como concejal en la moción de censura".

También ha dicho que ha habido otros errores en la suma del precio de dos garajes, respondiendo el agente que los datos fueron sacados "del Registro de la Propiedad". El fiscal ha mostrado su protesta, al considerar "que se está dando por supuesto que hay errores en los informes y la pregunta condiciona la respuesta" de los agentes intervinientes.

También se les ha preguntado a los intervinientes en la investigación por cómo se realizaron los registros y cómo se guardaron los documentos u objetos intervenidos, remitiéndose los agentes a los informes o las actas levantadas, al no recordar en algunos casos los detalles de las intervenciones que se llevaron a cabo, al haber pasado "más de seis años".

Los letrados también han preguntado por cuestiones concretas de las operaciones urbanísticas que se detallan en informes policiales, remitiéndose, igualmente, los investigadores a las conclusiones de dichos análisis, que han ratificado y que fueron elaborados sobre la base de otros informes. Han asegurado, además, que existían grupos multidisciplinares a la hora de trabajar.

De hecho, uno de los acusados ha hecho alusión a la "poca memoria" de uno de los policías, el cual ha informado a la Sala de este comentario. El presidente del Tribunal, José Godino, ha considerado "improcedente" esta manifestación, apuntando que "son funcionarios públicos que practican cientos de diligencias" y que actúan "de plena buena fe, diciendo lo que recuerdan".

Para la sesión de este miércoles, está prevista la comparecencia de nuevo de los principales investigadores de la Udyco Costa del Sol y de otros testigos como las asesoras jurídicas María Castañón y Raquel Escobar, o el arquitecto municipal Francisco Merino.