El Ministerio de Hacienda perdonará la sanción al pagador o receptor de pagos en efectivo superiores a 2.500 euros cuando éste comunique el fraude a la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes un anteproyecto de ley que contempla multas tanto para el pagador como el receptor de pagos en efectivo superiores a 2.500 euros, sanción que se fijará en el 25% del pago hecho en efectivo.

No obstante, si una de las partes que haya intervenido en la operación lo denuncia ante la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago, Hacienda no aplicará entonces la sanción a la parte que lo haya comunicado, según informaron fuentes conocedoras de la normativa.

Asimismo, tanto pagador como receptor responderán de manera solidaria por la multa del 25% y ésta no eximirá de otros delitos que puedan ser detectados, como facturas falsas o rentas no declaradas, entre otras cosas.

Esta medida entrará en vigor de forma inmediata, tal y como ha dicho el Gobierno, aunque también ha avanzado que otras iniciativas incluidas en el mismo texto empezarán a funcionar en 2013 porque es mejor que coincidan con el inicio de un año natural.

Una de estas iniciativas podría ser la que obligará a los ciudadanos a informar a los organismos tributarios de todas las cuentas abiertas en entidades financieras en el extranjero, anunciada este jueves por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Según Ferre, esta limitación es un paso "más agresivo" respecto a la vigilancia que ha impuesto España en las operaciones con billetes de 500 euros, que considera que no han sido lo suficientemente efectivas.

El límite para el pago en efectivo está en línea con lo previsto cuando se hablaba de que el plan estaría inspirado por los modelos francés e italiano, donde la limitación es a partir de 3.000 y 1.000 euros, respectivamente.

Asimismo, se incluirá el deber de toda autoridad o funcionario público de denunciar los incumplimientos de los que tengan conocimiento en esta materia. Además, se incluirán otras iniciativas para completar el plan de lucha contra el fraude para el año 2012, con el que el Gobierno pretende recaudar 8.170 millones.

Esta cantidad está un 11,3 % por debajo de los 9.209,77 millones de euros alcanzados en 2011, cuando se produjeron ingresos extraordinarios superiores a los mil millones.

El plan de lucha contra el fraude que se aprueba este  viernes, además de prohibir  las operaciones en efectivo de más de 2.500 euros, obligará a personas y empresas a informar de las cuentas y valores que tengan en entidades financieras del extranjero.

La mayoría de las medidas de este plan, que se aprobará como anteproyecto de ley, entrará en vigor el 1 de enero de 2013, excepto la limitación para los pagos en efectivo, que se pondrá en marcha cuanto antes, según dijo el jueves el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre.

Esta obligación de información se extenderá a otros títulos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de entidades, así como de seguros de vida o invalidez y bienes muebles e inmuebles contratados con entidades establecidas en el extranjero.