Los sindicatos ANPE, CCOO, CSI-F, UGT y Ustea han rechazado de plano el "recorte adicional" de 3.000 millones de euros en Educación anunciado ayer por el Gobierno central porque creen que se traducirá en despidos entre el profesorado —principalmente interino— y en el aumento de la ratio vigente en la actualidad, fijada en 25 alumnos por aula en Primaria y en 30 en Secundaria.

Pese a que ningún sindicato conoce aún con exactitud de qué manera se aplicará este recorte en las distintas comunidades autónomas, todos ellos coinciden en señalar que esta medida "va contra la escuela pública" y, en consecuencia, "contra los alumnos, que son siempre los más perjudicados". Aún así, algunos mantienen la esperanza de que el Ejecutivo dé margen de maniobra a las autonomías para que sean estas las que decidan dónde aplicar dichos recortes.

"Yo quiero ser optimista y pensar que en Andalucía se van a dar los pasos necesarios para que el recorte no afecte de manera importante o incluso para que no nos afecte. De todos modos, estamos preocupados por lo que pueda pasar y tenemos claro que, antes de que se tome cualquier medida, la Administración andaluza nos tiene que tener como interlocutores", explica a Europa Press el presidente de la sección de Enseñanza de CSI-CSIF en Andalucía, Francisco Hidalgo, quien se marca como líneas rojas e "insalvables" la ampliación de la ratio y la modificación de las condiciones laborales del profesorado.

Por su parte, la Federación de Enseñanza de UGT en Andalucía (FETE-UGT) ha calculado que 3.000 millones menos al año en educación "significa un incremento del fracaso escolar y la conflictividad en el aula", ya que, "con tres o cuatro alumnos más en cada aula, el profesor tiene menos tiempo para dedicar a cada uno y eso redunda en un incremento del fracaso estudiantil".

Según el secretario general de FETE-UGT Andalucía, Juan Carlos Hidalgo, el posible aumento de la ratio tendrá mayores consecuencias en Secundaria, donde "si tienes a 35 chicos y chicas de 15 años encerrados en 30 metros cuadrados en plena adolescencia, la situación es difícil de controlar". Además, avisa de que "cuando se estropee la calefacción o los grifos dejen de funcionar, es probable que no haya dinero para arreglarlos". "No nos va a quedar ni para tiza", lamenta.

También CCOO ha criticado duramente este "recorte adicional" del Ejecutivo con el que Mariano Rajoy "intenta contentar a los especuladores que pretenden la desaparición del Estado social para convertir los derechos sociales en un negocio". Frente a ello, el secretario general de la Enseñanza de CCOO en Andalucía, José Blanco, ha reivindicado en una nota "el Estado del Bienestar y los derechos sociales recogidos en el Estatuto de Autonomía de Andalucía". Sobre todo, según ha defendido, porque "resulta inconcebible que los gobiernos se dejen chantajear por los especuladores que dominan los mercados financieros" y porque "el Estatuto de Autonomía andaluz garantiza un sistema educativo regido por los principios de igualdad y equidad, cuestión difícilmente compatible con este anunciado recorte adicional".

"Por todo ello, en defensa del Estado democrático, de la autonomía andaluza y del Estado de bienestar como garante de la escuela pública, CCOO va a continuar con las movilizaciones frente a estas políticas neoliberales que provocaron la crisis y mediante las que se pretenden liquidar los servicios públicos", advierte Blanco.

Afecta a la calidad del sistema educativo

ANPE y Ustea también se han mostrado muy críticos con este anuncio del Gobierno de Mariano Rajoy. Para el responsable de acción sindical de este último sindicato, José Segovia, este nuevo recorte de 3.000 millones de euros se aplicará "a un sistema educativo que ya tiene muchas carencias económicas y que cuenta con una inversión bastante reducida si la comparamos con la del resto de países europeos". Por ello, vaticina que esta medida "va a afectar directamente a la calidad del modelo educativo español y andaluz y, especialmente, a la enseñanza que recibirán los alumnos con necesidades educativas especiales".

Además, Segovia se queja, en declaraciones a Europa Press, de que este recorte "va en contra de esa apuesta que el PP verbalizó diciendo que iba a fomentar la educación como salida a la crisis y para que se creara un nuevo modelo económico". "En definitiva, se están dando muchos pasos atrás. Si se confirma la noticia del aumento de ratio, que es una barbaridad, será un ataque directo y en toda regla al empleo de los profesores, ya que serían varios miles de docentes interinos en Andalucía los que no trabajarían", lamenta.

En este sentido, ANPE también recalca en una nota que este "nuevo ajuste se añade a los que ya se han producido en los últimos años y supondrá la no renovación del puesto de trabajo de un buen número de profesores interinos y la imposibilidad de llevar a efecto programas de atención a la diversidad y refuerzo educativo". "Es un ajuste que puede producir graves consecuencias en la situación del sistema educativo español, ya muy deteriorado", concluye.