La mayoría, además, las ponen mujeres.

Al otro lado de la balanza se encuentra una minoría masculina, que va a más: en 2005 hubo 440 denuncias de malos tratos presentadas por hombres, frente a las 435 de 2004. Sin embargo, en este colectivo se dan dos circunstancias peculiares.

Por un lado, cuatro de cada diez denunciantes son menores de edad. Por otro, cada vez es más frecuente la ‘argucia legal’ de responder con una denuncia a la presentada por la esposa o la pareja sentimental.

En cualquier caso, la evolución judicial también varía en función de las provincias, aunque en todas las gallegas se registró un descenso de denuncias.

En Lugo fue donde más bajaron los casos: un 34,24%. La sigue Ourense, con un 30,6%. También en la de A Coruña se produjeron menos querellas que a nivel gallego, con un bajón del 24% respecto a las tramitadas el año anterior. El peor comportamiento se produjo en Pontevedra, donde hubo  más casos de malos tratos y un descenso menor (12%).

Piden un salario para las ilegales

Amnistía Internacional criticó ayer a la Xunta por negar a las inmigrantes irregulares el acceso al llamado salario de la libertad para mujeres maltratadas. Su portavoz en Lugo, Carlos Fernández, recordó que para optar a esta ayuda autónoma hay que tener permiso de residencia. Por ello, denunció que «al no acceder a este salario», las inmigrantes irregulares víctimas de violencia doméstica siguen dependiendo del agresor. De hecho, de las 2.945 mujeres que el pasado año denunciaron malos tratos, 236 fueron extranjeras.