Víctor Fernández está viviendo un Via crucis administrativo. De hecho, según ha explicado a 20 minutos, ha tenido que abonar 186 euros (150 euros de multa y otros 36 euros por retrasos) para que no le embarguen ninguno de sus bienes por una falta que no ha cometido. Por error, le han impuesto una sanción que iba destinada a su vecina de al lado.
Los hechos se remontan a diciembre del año 2010, cuando un residente de la finca en la que vive denunció a otro por los aullidos repetidos de sus dos perros. Pero hubo un error: el agente de la Guàrdia Urbana que cursó la multa se equivocó de piso y en lugar de ponerla al bajo 2ª, donde habitaban los ruidosos canes con su dueña, la tramitó al bajo 1ª, donde reside Víctor.
Desde entonces, ha sido un ir y venir a la Oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Barcelona, en la calle Aragó, al Instituto municipal de Hacienda, en la avenida Litoral... Sin obtener ningún resultado. En febrero de 2011, recuerda Víctor, recibió la primera comunicación sobre la multa. Presentó un recurso (aún estaba dentro de plazo) "en el que explicaba los hechos", puntualiza, y no obtuvo respuesta hasta ocho meses después, cuando le informaron del embargo de una cuenta del banco. Entonces decidió "dejarla sin fondos y volver a reclamar".
Le daban a escoger
Tampoco sirvió de nada, ya que el pasado 9 de marzo recibió una nueva carta: o pagaba o en 10 días le embargarían las propiedades que él mismo escogiera. "Le pregunté a un amigo abogado y me recomendó que pagara. Poner un recurso judicial me costaría unos 600 euros y, de ganarlo, sólo se me devolvería el importe de la multa", afirma. Así que, de momento, ha pagado los 186 euros y ha presentado quejas al Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo...
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios