El secretario regional de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT, Lorenzo Prado, ha considerado "abusivos" los servicios mínimos decretados por la Junta de cara a la huelga general del jueves, y no entiende que se tenga que cumplir con el cien por cien del transporte escolar, algo que no se hizo en las jornadas de huelga convocadas con el Gobierno socialiasta.

En declaraciones a Europa Press, Prado ha indicado que no está en contra de que los alumnos asistan a los centros educativos, pero que lo único que hay que asegurar con los servicios mínimos "es que hay profesores en los centros educativos" y no el medio de transporte.

Ha recordado que en otras comunidades autónomas no se establecen estos servicios mínimos en este ámbito, y ha instado a los padres que quieran llevar a sus hijos al colegio "a que se busquen los medios", ya que los padres que llevan a sus hijos con otros medios "también podrían protestar".

"Antes no había servicios mínimos para el transporte escolar, quien quería llevar a su hijo a clase lo llevaba y el que no, no lo llevaba", ha agregado.

Aumento de todos los servicios

Prado ha aseverado que tanto en esta convocatoria de huelga como en la anterior del día 29 de febrero "han aumentado los servicios mínimos" en comparación con las anteriores llevadas a cabo con el Gobierno socialista.

Así, ha asegurado que se han subido "abusivamente" los servicios mínimos en cuanto al profesorado que debe acudir a su puesto de trabajo en la jornada de protesta, ya que antes "solo tenía que ir el director y el jefe de estudios y ahora tienen que asistir tres profesores más a cada centro por cada línea".

El dirigente sindical ha señalado que desde UGT "se intentarán echar para atrás" estos servicios mínimos, y ha criticado que, cuando el PP estaba en la oposición "nunca salió a protestar para que se establecieran servicios mínimos en el transporte escolar", por lo que "se entiende que los aceptaban".

Según UGT, "la imposición de servicios mínimos abusivos es ilegal y constituye un atentado contra un derecho fundamental especialmente protegido en la Constitución y supone también una fuente de conflictos judiciales con los representantes de los trabajadores y un aumento de la tensión social, que ya está bastante tensionada con la imposición de la Reforma Laboral por parte del Gobierno".

Para el sindicato, con este decreto se ve mermada "la garantía que necesitan los trabajadores para el libre ejercicio del derecho fundamental de huelga, perfectamente compatible con la prestación mínima de servicios".