El fiscal ha solicitado penas de hasta cinco años y medio de cárcel y multas de hasta 70.000 euros para los once acusados de formar una red de tráfico de drogas que obtenían en Vizcaya y vendían después en Cantabria.

El Ministerio Público considera estos hechos, que serán juzgados desde este lunes en la Audiencia de Cantabria, constitutivos de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño. El juicio comenzará a las 10 horas en la sección tercera de la audiencia y está previsto que se prolongue hasta el jueves

Según el escrito de la Fiscalía, los dos principales responsables de la red se dedicaban desde 2009 a la venta de sustancias estupefacientes que adquirían en Vizcaya a través de los contactos de uno de ellos y comercializaban en Cantabria gracias a otro hombre que, en ocasiones, y por la relación de confianza que tenía con los anteriores, transportaba la mercancía en un vehículo de su propiedad.

El 19 de enero de 2010, y con el fin de proveerse de mercancía, se dirigieron los tres a la provincia vecina en dos coches diferentes. Llegaron a un centro comercial de Baracaldo, donde contactaron con terceros para que les metieran la droga en uno de los coches. Después, emprenden el viaje de regreso a Santander, circulando primero el vehículo vacío —cuyo fin era observar y comunicar cualquier incidencia que pueda perturbar el desarrollo de la operación—, al que sigue el segundo turismo con la droga.

A su regreso, uno de ellos es detenido en su domicilio, en Maliaño, y otro en las inmediaciones de un centro comercial en Santander, después de dejar al tercero en una empresa del polígono industrial de Raos en la que trabajaba y utilizaba, además, para guardar la droga. Este último también fue arrestado poco después en este lugar.

En el momento de la detención, los agentes les incautaron 69,8 euros, notas manuscritas relacionadas con el delito y un trozo de hachís. Posteriormente, tras el registro de la empresa del polígono, hallaron casi un kilo de cocaína, un frasco de amoniaco, y dos cañones y un armazón de pistola, entre otros efectos.

En los domicilios de los tres sospechosos intervinieron ordenadores portátiles, cámaras de video, balanzas para el peso de la droga, medicamentos y sustancias ilegales, un puñal, un machete, un hacha, una defensa, una navaja de grandes dimensiones, manuscritos y 660 euros. El valor de la droga intervenida asciende a más de 33.600 euros.

En una segunda fase, los efectivos investigan a una de las personas que adquiría la droga, que mantenía relaciones tanto con ellos como con otros proveedores, y también la distribuía, tanto personalmente como a través de terceros. Fue detenido, al igual que su tío político, una de las personas a la que surtía droga. En la misma casa vivía otro hombre, que se dedicaba a la venta de hachís y marihuana a terceros, y que también fue detenido.

Así, con los datos recabados y las investigaciones realizadas, los agentes detuvieron al resto de acusados, hasta un total de once, de pertenecer a esta red de tráfico de drogas.

El fiscal considera los hechos constitutivos de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, por lo que pide para cada uno de los acusados penas de hasta cinco años y medio y multa de hasta 70.000 euros.

Otros juicios

Por otro lado, el martes se juzgará en la Audiencia, también por tráfico de drogas, al acusado de portar cocaína para su venta. Fue arrestado tras ser cacheado por la Policía al ser detenido cuando trataba de entregársela a un hombre a cambio de una televisión, que éste acababa de sustraer de un hotel de Santander.

También se acusa a este hombre, por esa sustracción y por otra que llevó a cabo ese mismo día en otro hotel de Santander, así como por reservar sendas habitaciones sin abonar su tarifa.

El Ministerio Fiscal considera los hechos un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, que imputa al primero, y de dos faltas de hurto y dos de estafa, que imputa al segundo.

Las condenas solicitadas son de tres años de cárcel y multa de 800 euros por la venta de la droga, y 24 días de localización permanente por las estafas y hurtos.

Y el miércoles se juzgará a dos acusados de traficar con heroína que adquirían en Madrid para su venta en Santander. El Fiscal, que aplica la agravante de reincidencia, solicita una condena cuatro y cinco años de prisión, así como multas de 4.000 y 5.000 euros, por un delito contra salud pública de sustancias que causan grave daño.