Los tres grupos con representación en la Cámara gallega —PPdeG, PSdeG y BNG— han aprobado por unanimidad un total de 12 recomendaciones al plan de trabajo para 2012 del Consello de Contas, una de ellas encaminada a que este órgano "analice e informe" sobre los plazos medios de pago a proveedores por parte de la Xunta y de sus sociedades en sus trabajos anuales de fiscalización del sector público gallego.

El acuerdo de los tres grupos sobre esta recomendación, que partió del PSdeG e incorporó una "pequeña variación semántica" a petición del PPdeG, estuvo precedida de un rifirrafe entre los portavoces de socialistas y populares en el debate, José Manuel Lage Tuñas y Jesús Goldar Güimil, respectivamente, que discreparon sobre la situación actual de los pagos en la Xunta.

No en vano, Lage Tuñas aprovechó su intervención para alertar de lo "importante" que resulta realizar "una fiscalización efectiva" del pago a proveedores y "hacer hincapié" en este asunto frente a la "propaganda oficial" y a las "ruedas de prensa" que, ha denunciado, ofrece el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, para "comentar los asuntos de la semana como si fuese una tertulia".

"Hay facturas que no se pagan desde hace siete meses", ha alertado el diputado socialista, para añadir que, sobre los pagos pendientes, "se puede preguntar" a las cofradías, a las empresas de construcción y obra civil o a afectados por expropiaciones. "No se puede presumir de ser campeones en cumplir el déficit y tener facturas en el cajón", ha advertido.

En el polo opuesto, Goldar ha criticado con dureza la "diatriba político-electoral" que, a su entender, protagonizó Lage en su intervención "acusando de mentir" al presidente, y tras apuntar que está "fuera de lugar", ha considerado que "llama la atención" las dudas del socialista sobre el cumplimiento del Gobierno gallego en sus pagos cuando es "conocido", ha defendido, que Galicia "es un ejemplo" en solvencia.

Procedimientos negociados sin publicidad

El PSdeG ha logrado también concitar el acuerdo de los tres grupos en otras recomendaciones, aunque en algunas introdujo pequeñas matizaciones a petición del PP. Así, la Cámara también pide a Contas que complete su plan de trabajo para este año con una fiscalización específica sobre los procedimientos negociados sin publicidad utilizados por la Administración en su funcionamiento y contratación de obras y servicios.

Además de enfatizar la "especial incidencia" que esta cuestión tiene en aspectos relevantes como "la transparencia y la igualdad de oportunidades" para proveedores, pequeñas y medianas empresas, Lage ha denunciado que la Xunta "abusa de este tipo de procedimientos". A modo de argumento, ha señalado que en las últimas semanas han trascendido "casos" que, bajo una "apariencia de legalidad", esconden en la práctica la intención de "evitar" la competencia entre empresas.

Asimismo, ha salido adelante por unanimidad la petición a Contas de presentar un informe del grado de cumplimiento por parte de las administraciones públicas gallegas de las recomendaciones hechas por el órgano fiscalizador durante los últimos tres años a partir de las fiscalizaciones realizadas de forma anual.

En la defensa de esta propuesta, que partió del PSOE, Lage defendió que los últimos datos revelan que "seis de cada diez no se cumplieron", mientras que Goldar apuntó que la propia intervención del diputado socialista constata que, aunque puede discrepar sobre "el grado de cumplimiento", ya se está fiscalizando.

Entes de las diputaciones

El apoyo unánime se extendió también a la recomendación de que Contas, en su tarea anual, incluya en en el ámbito de entidades locales la fiscalización de los entes dependientes de las diputaciones. "Las diputaciones no tiene como fin criar caballos y hay una que se dedica a eso, entre otras cosas, a través de un entramado", ha señalado Lage, para incidir en la importancia de realizar este control.

Por su parte, Goldar Güimil, cuyo grupo apoyó la petición, ha rechazado entrar en polémicas sobre "cuestiones equinas" y ha apuntado que hay también "otras" diputaciones, en velada alusión a entidades de este tipo gobernadas por los socialistas, con asuntos que igualmente serían "muy interesantes para la opinión pública", pero en los que ha rechazado entrar a debatir.

Asimismo, todos los grupos coincidieron en apoyar las demandas socialistas de incluir en la fiscalización de la cuenta del Servizo Galego de Saúde la evaluación de los procesos de contratación de suministros y tecnología de los centros hospitalarios, así como "ampliar" el análisis "pormenorizado" de la dimensión del sector público, sobre todo analizando "la razón de ser" de cada ente instrumental, el "origen" de su financiación y si cumple sus fines.

El acuerdo se rompió en la última recomendación formulada por el PSdeG, relativa a incluir en las tareas de fiscalización de Contas un estudio sobre la financiación del transporte escolar y la eficiencia en el uso de los recursos públicos usados para ello, que apoyó el BNG, pero que fue rechazada por los populares en base a que "ya existe" un informe de 2007 que aborda este asunto.

Financiación en organismos públicos

Populares y socialistas unificaron una propuesta, que contó con el apoyo del BNG, para seguir aproximando los informes de Contas al ejercicio en curso, mientras que socialistas y nacionalistas dieron su apoyo a otras cuatro recomendaciones impulsadas por el PPdeG. Entre ellas, acordaron pedir al órgano fiscalizador que mantenga con carácter periódico el informe sobre la actividad económico-financiera de los entes dependientes de la Xunta, presentado por vez primera en 2006.

Asimismo, a propuesta del PP, los tres grupos instan a Contas a realizar un análisis temporal de las fuentes de financiación en los organismos públicos enmarcados en el "perímetro de consolidación" previsto den los presupuestos, con la "detección" de posibles supuestos de sobrefinanciación o excesos de tesorería. Al tiempo, se exige fiscalizar los procedimientos de incorporación del personal en organismos públicos y su adecuación —en número y funciones— a la actividad de los mismos.

Por último, los populares lograron el apoyo de PSdeG y BNG también para instar a Contas a realizar un análisis de la evolución temporal de la deuda de la denominada administración institucional, "en términos de contabilidad nacional, de su razonabilidad y de su sostenibilidad".

Criterios sociales en la contratación

De las dos recomendaciones registradas por el BNG y defendidas por el diputado Carlos Aymerich, sólo una salió adelante —con el apoyo de los tres grupos—, relativa a que el Consello de Contas elabore un informe específico sobre la incorporación de criterios sociales, ambientales y de género en la contratación del sector público. Aymerich, ha recordado que hay una acuerdo parlamentario previo en este sentido y ha constatado que, pese a ello, "no se avanzó nada".

Por último, los populares rechazaron la petición de los nacionalistas de investigar el "impacto" en una situación de crisis como la actual de reducir "partidas y programas" destinadas a los servicios públicos, inversión y dinamización económica, así como su "baja" ejecución. "Es muy genérica y muy poco factible sin colapsar el trabajo de Contas", ha justificado Goldar.